La organización ambiental Greenpeace México informó que un juez admitió la ampliación de la demanda de amparo contra la construcción del Tramo 5 sur del Tren Maya, obra prioritaria del Gobierno de la Cuarta Transformación.
De manera general, la ampliación de la demanda sostiene que la autorización en materia de impacto ambiental, recaída a la manifestación de impacto ambiental modalidad regional (MIA-R), del citado tramo del Tren Maya resulta inconstitucional.
“Este amparo, además de declarar la inconstitucionalidad de las obras del Tramo 5 del Tren Maya, busca que se reformen leyes y que se sienten precedentes para los proyectos del futuro” dijo Luis Miguel Cano, asesor legal de la organización no gubernamental.
Dicha ampliación solicita al Juez que –al menos– se dicten las siguientes medidas de reparación para salvaguardar los derechos humanos a través de los siguientes puntos:
- Que se declare la inconstitucionalidad de las disposiciones normativas reclamadas: la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su reglamento;
- Que se ordene al Congreso de la Unión que adopte las medidas legislativas necesarias para adecuar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA) a los estándares establecidos en los artículos 6 y 7 del Acuerdo de Escazú, con respecto a los mecanismos de participación informada que se requieren dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental;
- Que el presidente de la República ajuste el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA) a los estándares establecidos en los artículos 6 y 7 del Acuerdo de Escazú, con respecto a los mecanismos de participación informada que se requieren dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental;
- Que se ordenen medidas de restauración o remediación de los ecosistemas comprometidos por la autorización en materia de impacto ambiental recaída a la manifestación de impacto ambiental modalidad regional del proyecto Tren Maya tramo 5.
“Es importante destacar que nuestro interés es proteger el medio ambiente y la salud de las personas”, dijo Viridiana Lázaro, campañista de Greenpeace, en torno a las obras en el tramo 5 del Tren Maya.
El Tren Maya es uno de los proyectos prioritarios del presidente López Obrador, con una inversión de alrededor de 200 mil millones de pesos (unos 10 mil millones de dólares), para construir más de mil 500 kilómetros de vía férrea en cinco estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
En los últimos meses, activistas han obtenido amparos y han exigido al Gobierno suspender el tramo 5 por haber provocado la tala de miles de árboles, contaminar ríos subterráneos y dañar patrimonio natural y arqueológico.
Con información de López Dóriga Digital
