El juez otorgó una suspensión a Jorge Winckler para analizar de fondo el amparo que promovió el exfuncionario contra la vinculación a proceso
Un juez federal otorgó una suspensión definitiva a Jorge Winckler Ortiz, exfiscal de Veracruz, que ordena la suspensión del procedimiento en su contra por los presuntos delitos de desaparición forzada y secuestro en cuanto concluya su etapa intermedia.
La medida cautelar tiene como finalidad que el juzgador pueda analizar de fondo el amparo que promovió el exfuncionario contra la vinculación a proceso.
El juzgador se negó a ordenar al juez que vinculó a proceso a Winckler Ortiz que se abstenga de decretar la apertura del juicio oral y recordó que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la etapa intermedia tiene como propósito el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, además de los hechos controvertidos que serán materia del juicio.
El exfiscal veracruzano fue detenido el pasado 25 de julio en el destino turístico de Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca.
Winckler Ortiz, quien fungió en el cargo del 30 de diciembre de 2016 al 3 de septiembre de 2019, era buscado por los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y desaparición forzada, dos delitos considerados como graves.
Tras la llegada al poder a Veracruz del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Congreso de Veracruz, con mayoría de ese partido, determinó en septiembre del 2019 separarlo de sus funciones por carecer de los exámenes de control y confianza, exigidos en la ley.
Días después, un juez giró una orden de aprehensión contra Winckler y cinco funcionarios más de ese organismo por secuestro y desaparición forzada.
A los cinco exfuncionarios se les acusa de primero secuestrar y después desaparecer a Francisco Zárate Aviña, exchofer del entonces fiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo, quien estuvo detenido y luego fue puesto en libertad.
El 1 de agosto, el exfiscal fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
El exfiscal denunció que no se le ha permitido hablar con sus abogados ni por teléfono, además de que no puede costear el traslado de estos al municipio de Almoloya de Juárez porque no tiene trabajo remunerado.
Con información de Milenio y EFE
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