La Contraloría General de Nuevo León inhabilitó por 10 años a colaboradores del gobierno de exgobernador Rodrigo Medina
Por irregularidades en el otorgamiento de incentivos económicos y pagos irregulares a proveedores, la Contraloría General de Nuevo León inhabilitó por 10 años a seis exfuncionarios de la administración anterior.
Los exfuncionarios inhabilitados son Rodolfo Gómez Acosta, secretario de Finanzas y Tesorero General del estado; Luis Marroquín Salazar, secretario de Obras Públicas, y Rolando Zubirán Robert, secretario de Desarrollo Económico.
Además Ramón Villagómez Guerrero, director general de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario; Juan Livas Cantú, director general del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola, y Víctor Martínez Trujillo, director general del Sistema de Caminos de Nuevo León.
La contralora general del estado, Nora Elia Cantú, indicó que además de la inhabilitación a cinco se les impuso una sanción resarcitoria de 210 millones de pesos en forma solidaria por los incentivos irregulares que otorgaron.
Detalló que Martínez Trujillo, por su parte, autorizó el pago de una obra no realizada y pagó otra sin haber sido terminada y sin reunir las características contratadas.
La sanción para el exdirector general del Sistema de Caminos impuesta por la Contraloría estatal es de 12 millones 900 mil pesos, indicó.
Cantú dijo que en las próximas semanas dictará más resoluciones en contra de otros funcionarios de la administración anterior.
Mencionó que a la fecha la Contraloría ha integrado 117 casos por quejas y denuncias recibidas, así como por el resultado de auditorías, revisiones y verificaciones iniciadas a partir del cambio de gobierno.
De los 117 casos, apuntó, 42 son investigados por la Contraloría, en 28 se iniciaron procedimientos de responsabilidad administrativa y en 47 se advierte presunta responsabilidad penal, por lo que ya fueron hechas las denuncias a la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción.
Expuso que la mayoría de los 42 casos investigados tiene relación con un proyecto especial para auditar la obra pública del sexenio anterior.
La funcionaria señaló que de manera simultánea ejecutará las acciones conducentes para recuperar montos a diversas empresas constructoras por anticipos no amortizados, pagos duplicados, volúmenes pagados en exceso o escalatorias mal aplicadas.
En una primera etapa, apuntó, esta recuperación asciende aproximadamente a 28 millones de pesos.
Igualmente existen 16 casos en investigación donde se advierte presunta responsabilidad administrativa cometida por funcionarios públicos de estas y otras dependencias.
Redacción
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