La Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió imponer una medida cautelar a servidores públicos por promocionarse aprovechando la pandemia de COVID-19
El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a 63 servidores públicos retirar diversas publicaciones realizadas en redes sociales y páginas de internet en las que se promocionaban aprovechando la pandemia de COVID-19.
La Comisión de Quejas y Denuncias resolvió imponer la medida cautelar a servidoras y servidores públicos de distintos niveles, cargos y procedencia partidista, en 15 estados de la República.
Al investigar la probable promoción personalizada derivada de la entrega de bienes y productos a la ciudadanía durante la emergencia sanitaria, el INE halló durante los meses de abril, mayo y junio de 2020, publicaciones, notas y fotografías de servidores públicos promocionando su participación en la entrega de bienes o productos a la ciudadanía.
La autoridad electoral inició Procedimientos Especiales Sancionadores por el posible uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada que puede afectar las condiciones de equidad, de cara a las próximas elecciones a nivel local y federal.
La Comisión de Quejas y Denuncias ordenó a 22 servidores públicos abstenerse de promoverse en actividades de entrega u ofrecimiento de bienes y productos durante la emergencia sanitaria y su respetiva difusión o publicidad.
Dado que estos hechos también podrían constituir una violación a los principios de imparcialidad y legalidad, los funcionarios tendrán que eliminar todas las publicaciones realizadas en un plazo no mayor a 24 horas.
Al haber dado de baja las ligas con el material denunciado, la Comisión resolvió improcedente otorgar la medida cautelar en 41 casos.
En 19 de los 41 casos, los integrantes de la Comisión consideraron que son publicaciones o material que corresponden a ejercicios de cobertura noticiosa, o son aquellas en las cuales la ciudadanía realizó denuncias o las hizo del conocimiento público a través de la mención de fuentes noticiosas, hechos que en principio tienen cobertura legal y, por ende, no existe base para analizarlas bajo la óptica de una medida cautelar, ya que no se advierte que se trate de contenido pagado, administrado o controlado por los servidores públicos involucrados y son publicaciones amparadas en la libertad de información y prensa.
Con información de López-Dóriga Digital
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