Según la demanda, la desaparición de Antonio González se enmarca en un contexto de operaciones llevadas a cabo por grupos armados paramilitares que operaban en Chiapas desde 1995
La familia de Antonio González Méndez, un indígena desaparecido en México en 1999 presuntamente a manos de paramilitares, pidió este miércoles a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) justicia y una sentencia contra el Estado.
Durante la audiencia, la esposa de González, Sonia López, indicó que su petición ante los jueces es que busquen a su esposo y le entreguen los restos para poder descansar en paz.
Quiero decir que busquen a Antonio. Desde ese día yo me siento enferma, preocupada por mis hijos, estoy cansada, ya no quiero trabajar, me duele la cabeza, mi corazón y mi cuerpo, siento que no tengo fuerza“, afirmó la mujer en su declaración ante la CorteIDH.
Según la demanda, la desaparición de González se enmarca en un contexto de operaciones llevadas a cabo por grupos armados paramilitares que operaban en Chiapas desde 1995, los cuales habrían operado debido a un plan estatal que buscaba romper la relación de apoyo entre la sociedad civil y Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
El caso versa sobre la presunta responsabilidad internacional de México por la desaparición de Antonio González Méndez el 18 de enero de 1999, quien pertenecía al pueblo indígena de Cho’l, originario de la comunidad El Calvario y miembro de las bases civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente que presenta los casos ante la CorteIDH, explicó que la desaparición de Antonio González habría ocurrido luego de que saliera acompañado de su domicilio a comprar un arma de fuego y municiones.
Previo a su salida, le habría indicado a su esposa que regresaría cerca de la una de la mañana y que se mantuviera despierta para abrirle la puerta. Sin embargo, desde entonces se desconoce su paradero.
Ante esto, la CIDH demandó al Estado de México por no haber esclarecido lo ocurrido ni haber identificado y sancionado a los responsables. Además se le acusa por la violación de los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y la protección judicial, así como las obligaciones de no practicar la desaparición forzada.
El consultor jurídico adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Salvador Tinajero, indicó en los alegatos finales ante la CorteIDH que el Estado “ha reconocido su responsabilidad internacional de ciertas conductas y en consecuencia ha llevado acciones para la reparación de los daños ocasionados, muestras del compromiso por la protección a los derechos humanos y su intención de cumplir con las medidas de reparación”.
Sin embargo, al hacer este reconocimiento detalló que por esas mismas razones, el procedimiento no tuvo que llegar hasta instancias de la CorteIDH, ya que el caso “carece de disputa judicial, porque fue resuelto mediante el procedimiento ante la CIDH por parte del Estado”.
“El Estado no disputa los hallazgos de la Comisión, y, por el contrario, los reconoce, e implementa medidas para la reparación del daño”, puntualizó Tinajero.
Tras la audiencia de este miércoles las partes tendrán un mes para presentar sus alegatos finales por escrito ante la CorteIDH y luego los jueces dictarán un fallo, para lo cual no tienen un plazo establecido.
Con información de EFE
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