La Subsecretaría de DD.HH. de la Segob pidió información sobre el presunto uso excesivo de la fuerza pública en los casos de Giovanni y un hombre de Tijuana
La Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, solicitó información de las carpetas de investigación por el probable uso excesivo de la fuerza pública en los casos de Giovanni López y una persona en situación de calle que murió en custodia de la Policía Municipal de Tijuana.
La dependencia federal recordó que en el caso de Giovanni, ocurrido en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, el joven fue golpeado y detenido por presuntos elementos de la Policía Ministerial, supuestamente por no portar cubrebocas, como se observa en un video difundido el miércoles pasado en redes sociales.
De acuerdo con información proporcionada por familiares de la víctima, los elementos ministeriales se llevaron detenido a quien identificaron como trabajador de la construcción y que al día siguiente fue reportado como muerto.
El hecho se dio en el contexto de las medidas restrictivas implementadas por el gobernador de Jalisco para hacer frente a la pandemia COVID-19, que incluyen el uso de la fuerza pública y que llevó a la comisión de abusos de autoridad.
Por otra parte, relató la Segob, también a través de redes sociales circuló un video por los hechos del 28 de febrero en el que se observa que es detenida en una gasolinera una persona en situación de calle, quien murió supuestamente en custodia de la Policía Municipal de Tijuana.
“Ante la presunta ejecución extrajudicial y clara violación a los derechos humanos en ambos casos, esta subsecretaría condena los hechos en los que se recurre a la fuerza pública para hacer cumplir las medidas preventivas por la pandemia o ante la detención arbitraria que afecta a la población, particularmente a las personas más vulnerables”, subrayó el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez en un comunicado.
Destacó que, ante el establecimiento de las medidas sanitarias a causa del COVID-19, se requiere un ejercicio de responsabilidad colectiva para proteger la salud pública.
Las autoridades de todos los órdenes de gobierno deben garantizar las condiciones para que estas se lleven a cabo, protegiendo en todo momento los derechos de las personas, enfatizó el funcionario federal.
Encinas Rodríguez invitó a las autoridades estatales y municipales a no caer en acciones de intolerancia, a no fomentar discursos discriminatorios basados en prejuicios y estereotipos. Asimismo, exigió, desde la subsecretaría, a la autoridad judicial esclarecer ambos casos y llegar hasta los responsables de los hechos.
Con información de Notimex
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