En conferencia de prensa, se dio a conocer el texto titulado “El futuro de la Gestión Integral de Desastres en México: una visión de política pública desde la academia”
Especialistas de diferentes instituciones de educación superior en México urgieron a los candidatos a puestos de elección popular a considerar las acciones de prevención de desastres en el país, y para lo cual uno de sus planteamientos es aplicar sanciones penales por daños ambientales.
Al presentar un documento con 30 propuestas para una política pública de gestión de integral de riesgos, la investigadora Irasema Alcántara Ayala recalcó que el fin es que los aspirantes a dirigir el país tengan conciencia de la importancia de atender y reaccionar a tiempo ante las emergencias.
En conferencia de prensa, la experta del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer el texto titulado “El futuro de la Gestión Integral de Desastres en México: una visión de política pública desde la academia”.
Destacó que canalizarán este documento no solo a los candidatos a la Presidencia sino a los que aspiran a diferentes órdenes de gobierno, ya que se pretende pasar de una cultura de la contingencia a una cultura de la prevención.
“Las amenazas simplemente son el factor que desencadena el desastre, pero el desastre es socialmente construido y si no atendemos esas cuestiones, independientemente de las amenazas, no vamos a poder disminuir los riesgos de desastres”, explicó.
Los nueve firmantes del documento provienen de diferentes instituciones como la UNAM, El Colegio de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Iberoamericana y el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social.
Entre los puntos, propusieron reorganizar y fortalecer el Sistema de Protección Nacional Civil; hacer de este tema una política pública transversal y revisar la normatividad relacionada con la gestión integral de riesgos, donde predomine la transparencia y rendición de cuentas.
La investigadora enfatizó que es importante señalar que los desastres no son naturales, y aunque es de suma relevancia entender la dinámica de las erupciones volcánicas o la trayectoria de los huracanes, lo principal en la gestión de riesgo de desastre es disminuir la vulnerabilidad y la exposición de la población.
Es por ello que como parte de los 30 puntos se incluye la actualización permanente de un Atlas Nacional de Riesgos, que dimensionen la vulnerabilidad en el contexto del riesgo y desastre.
Asimismo, consideraron instruir las sanciones relacionadas con la corrupción e impunidad, inscritas en la Ley General de Protección Civil, en situaciones donde se generen condiciones de riesgo para los ciudadanos y sus bienes materiales y ambientales.
También promover sanciones penales, no solo administrativas, por los daños ambientales, ya sea por parte de funcionarios públicos, civiles o del sector privado; además de resarcir los daños provocados al ambiente y a las poblaciones afectadas y revisar el marco jurídico en materia de sistemas de alerta temprana.
De igual manera, plantearon instaurar una Comisión de la Verdad, como un organismo autónomo para que acompañe y supervise los procesos de reconstrucción, elabore diagnósticos y coadyuve en el ejercicio de rendición de cuentas y transparencia de los recursos e información.
En su oportunidad, el investigador del Colegio de México Sergio Puente Aguilar, advirtió que además de la ausencia de del tema ambiental, de protección civil y atención de riesgos en las plataformas políticas de candidatos, falta una cultura de prevención de parte de la ciudadanía.
Una política pública debe verse no en la contingencia, como está planteado actualmente, sino en el mediano y largo plazos. Es fundamental pasar de una cultura de la contingencia a una cultura de la prevención, una de corresponsabilidad social, en la cual hay un enorme déficit, enfatizó.
Puente expuso que de 2004 a 2014 se han invertido 231 mil millones de pesos en atención a desastres y emergencias, y sólo dos mil 100 millones de pesos en prevención.
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