Los legisladores sostendrán reuniones con especialistas en materia de seguridad para analizar la creación de la Guardia Nacional
De cara a sacar adelante un tema prioridad para el actual gobierno federal en materia de seguridad, este martes la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados retomó el análisis de la iniciativa sobre la creación de la Guardia Nacional.
Los legisladores, que analizan la iniciativa que propone reformas a los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123 de la Constitución respecto a la creación de la Guardia Nacional, sostendrán reuniones con especialistas en la materia para tener la información suficiente y elaborar el dictamen correspondiente.
En ese sentido, la primera reunión fue con el representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, quien reconoció el gran desafío que tiene el nuevo gobierno en materia de seguridad, pues recordó que en 2018 los homicidios llegaron a los niveles más altos del siglo, el crimen organizado está infiltrado en muchas autoridades públicas, y los indicadores en materia de derechos humanos son igualmente preocupantes.
Jan Jarab destacó que la perspectiva del cambio de paradigma de seguridad, prometido por el actual Presidente de la República, significa una fuente de esperanza, ya que en su estrategia busca materializar la paz y superar la lógica de guerra; transitar hacia una regulación menos represiva en la política de drogas; combatir la corrupción y priorizar la prevención.
Sin embargo, señaló que es preocupante la definición de la Guardia Nacional como militarización de la seguridad pública, y recordó que desde 2008 la ONU-DH ha advertido que esta decisión sería problemática en términos de derechos humanos.
“El entrenamiento y la filosofía de los militares, basadas en el combate del enemigo, no son idóneos para la prevención y persecución del crimen”, sostuvo.
Refirió que de concretarse la Guardia Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador podría cometer el miso error que tuvieron los presidentes, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, de utilizar las fuerzas militares para combatir el crimen organizado.
“La comisionada (de la ONU) Michel Bachelet cuando fue cuestionada sobre la propuesta de la Guardia Nacional, respondió que se pudiera entender la creación de una nueva fuerza federal de tratarse de una fuerza civil, adscrita a un ministerio o secretaría del orden civil, pero que la militarización sería preocupante”, afirmó.
Indicó que, si a pesar de tantas expresiones de alerta que se dan por la posible militarización del país, el Congreso de la Unión insiste en dar las tareas de seguridad pública y combate al crimen organizado a la Guardia Nacional, sería fundamental garantizar que la línea inmediata de autoridad sea del orden civil, y que los cambios sean de manera temporal, “y por tanto se refleje en artículos transitorios, que pierdan su vigencia en un plazo no mayor a cinco años contados a partir de su entrada en vigor”.
Asimismo, Jan Jarab recomendó a los legisladores desarrollar un programa de fortalecimiento real de las corporaciones civiles y, con ello, permitir el retiro paulatino, ordenado, planificado, medible y verificable de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública.
En tanto, durante su intervención, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, la diputada de Morena Miroslava Carrillo, argumentó que la Guardia Nacional se encargará de la prevención del delito y el combate a la delincuencia en todo el país, así como preservar la paz pública y los bienes y recursos de la nación.
Precisó que en el análisis de este dictamen de reformas a la Constitución Política se garantizarán no sólo los principios de suficiencia técnica, sino que se buscará alcanzar acuerdos para enriquecer el documento, para lo cual informó que de ser necesario se llevarán a cabo audiencias y foros.
Mientras que la morenista proponente de la iniciativa, María Guillermina Alvarado, detalló que la Guardia Nacional, recibirá capacitación en procesos policiales, derecho penal; además, de que se privilegiarán los derechos humanos, perspectiva de género, primeros auxilios, protección civil y actualización de la tecnología.
La también secretaria de la Comisión de Defensa Nacional en San Lázaro, aclaró que no se trata de militarizar, sino precisamente de desmilitarizar el país, por lo que esta institución castrense (Guardia Nacional) no será para siempre.
“Esta iniciativa, mantiene el mandato constitucional para que las corporaciones de seguridad pública sean de carácter civil y en tres años se hará una revisión de la operación y necesidad de la Guardia Nacional”, afirmó.
La Comisión de Puntos Constitucionales se declaró en sesión permanente, y este miércoles continúan con el análisis de esta iniciativa, por lo que se reúnen con especialistas como el doctor Jaime Cárdenas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; y el doctor Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana.
Con información de Quadratín
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