El desplazamiento forzado en México vulnera los derechos humanos de la infancia y afecta su seguridad y educación
El desplazamiento forzado interno por la creciente violencia en México vulnera los derechos humanos de la infancia y afecta su seguridad, sus posibilidades educativas, su salud e incluso su construcción identitaria y su sentido de pertenencia, reveló un estudio presentado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
“El desplazamiento interno tiene potenciales afectaciones específicas para niñas, niños y adolescentes”, señaló en conferencia de prensa Rocío Aznar, jefa de protección a la infancia de Unicef México.
El informe llamado “Es mucho daño lo que yo tengo. Niñas, niños y adolescentes desplazados forzados internos en la frontera norte de México”, se realizó entre agosto de 2020 y enero de 2021.
La investigación tuvo como objetivo identificar y analizar cómo el desplazamiento forzado dentro del país afecta las condiciones de vida y los derechos de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en las fronteras de Tijuana y Mexicali, Baja California.
“Esto, sobre todo, en materia de acceso a la educación, seguridad, así como salud física y mental”, precisó Aznar.
El informe
De acuerdo con el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), en 2018 se estimó un acumulado de 338 mil personas desplazadas en México por motivos de conflicto y violencia, de las cuales casi un tercio correspondía a niñas, niños y adolescentes.
“El desplazamiento forzado interno es una problemática social y no solo un fenómeno de movilidad”, destacó Aida Silva, investigadora del Colegio de Estudios de la Frontera Norte (Colef) y coautora del informe.
La investigadora precisó que el estudio hace referencia a las condiciones en las que se encuentra parte de la infancia, con afectaciones en el tejido social.
Señaló que muchas veces, los niños, niñas y adolescentes que se ven desplazados se ubican en estado de pausa en espacios sociales de los que quedan desprendidos, además de que cargan costos en formación escolar, física y salud mental.
María Dolores París, investigadora del departamento de estudios culturales, recordó que el desplazamiento es una problemática histórica en el mundo.
Sin embargo, en México, esta situación se agudizó con la llamada “guerra contra el narcotráfico”, estrategia de seguridad implementada durante el mandato de Felipe Calderón (2006-2012).
“Desde entonces tenemos un fenómeno masivo de desplazamiento forzado, ligado a esta guerra entre organizaciones sociales y de operativos militares contra estas organizaciones”, puntualizó.
Señaló que las personas, especialmente originarias de Michoacán y Guerrero, se vieron forzadas a emigrar de sus lugares de origen debido a dos principales factores: la violencia por el crimen organizado y la violencia intrafamiliar.
La mayoría de ellos, abundó, se desplazó a la frontera norte en búsqueda de asilo en Estados Unidos, aunque muchos no han logrado ese objetivo, principalmente porque es difícil conseguirlo cuando el desplazamiento está ligado a la criminalidad, aunado al bloqueo de la frontera en los últimos dos años.
Beatriz Alfaro, también investigadora del Colef y coautora del estudio, señaló que con la investigación reveló las condiciones emocionales en las que se encuentran los menores desplazados.
“Se observó la percepción de conmoción, angustia y miedo. Los menores en estas condiciones viven duelos complejos, las pérdidas de sus patrimonios, y esto se refleja en inquietud, llanto frecuente, temor a la oscuridad, rebeldía, frustración”, lamentó.
Recomendaciones
El informe, no solo detalla la realidad de la infancia en condición de desplazamiento, sino que también da algunas recomendaciones para atender esta problemática.
Aznar señaló que para ello, las respuestas deben plantearse de manera integral y reconocer que existen condiciones que generan el desplazamiento.
“Se debe plantear una estrategia que contemple diversos ámbitos de intervención, generar estrategias para prevenir desplazamiento, dar asistencia humanitaria, asegurar la prestación de servicios para poblaciones desplazadas, además del acceso a la justicia, entre otras cosas”, precisó.
Con información de EFE
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