Según la denuncia, personal del DIF de Puebla le informó a la madre que los niños serían dados en adopción y que estarían mejor con otras familias
Un funcionario de la Procuraduría del Estado de Puebla y cuatro funcionarios del DIF están acusados desde el 2015 por despojar a una mujer de sus hijos y violar un amparo en su favor en el expediente hecho público por el gobernador Miguel Barbosa como presunta venta de menores.
Conforme al portal Intolerancia y la nota del periodista Francisco Sánchez, en agosto de 2015 funcionarios del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) fueron denunciados penalmente ante la instancia federal junto con varios de sus colaboradores por violar una suspensión provisional del juicio de amparo 1245/2015-IV del juzgado primero de distrito, tras arrebatar a una mujer a sus hijos de cinco y ocho años de edad.
El documento señala como presuntos responsables a Maciel Merino Aguirre, encargado de la averiguación previa 2048/2015 de la Procuraduría General de Justicia del Estado; Claudio Vega Ramos, responsable de la representación legal de adopciones del DIF estatal; María de Ángeles López Rosales, parte del ministerio público del DIF; María Fabiola Herrera Rosas, procuradora del menor; Claudio Vega Ramos, responsable del área de violencia intrafamiliar.
De acuerdo al proceso, Liliana “N” fue denunciada de manera anónima por violencia intrafamiliar, en junio de 2015, se dijo que fue una vecina, sin que se supiera el nombre de la denunciante, por lo que personal del DIF acudió a su domicilio a recoger a los menores el 3 de julio de 2015, y llevarlos a un centro ubicado en Acajete sin condiciones adecuadas para atender a los menores.
En el centro, llamado “El Jacalito”, obligaron al padre biológico de uno de los menores a firmar un documento donde se desistía de presentar alguna queja por haberlos llevado a ese lugar.
Según la denuncia, el personal del DIF le informó a la madre que los niños serían dados en adopción y que estarían mejor con otras familias, a pesar de que de acuerdo al diagnóstico de los médicos legistas, ninguno de ellos presentaba el síndrome del niño maltratado o señales de golpes recientes.
La madre de familia recurrió a organizaciones sociales para pedir apoyo, siendo el Movimiento por la Esperanza, el que denunció, en rueda de prensa, los hechos.
Tras ventilarse el tema en los medios y presentar un recurso ante la justicia federal, el sistema DIF tomó represalias en contra de Liliana y se giró la orden de aprehensión en su contra.
“Liliana N” fue detenida el 28 de enero de 2016 y liberada bajo fianza, presuntamente por violencia intrafamiliar, pero se insistió que el dictamen de los propios médicos legistas de la Fiscalía General, señalan que ninguno de los menores presentaba lesiones o el síndrome del niño maltratado
Ante la imposibilidad de darlos en adopción a otras familias, por ser un asunto mediático, los menores fueron enviados a hogares disfuncionales o con problemas.
En el caso de la menor de cinco años, fue trasladada a la casa de su padre que fue denunciado por violencia intrafamiliar, además de que se encontraba en tratamiento por consumo de drogas, mientras el niño a casa de abuela paterna que sufre de diabetes e hipertensión.
La fiscalía encabezada entonces por Víctor Carrancá Bourget nunca dio seguimiento a la investigación, para sancionar a los funcionarios públicos que arrebataron a una madre a sus hijos para darlos en adopción.
Este expediente es el señalado ahora por el gobernador Miguel Barbosa.
Con información de López-Dóriga Digital
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