Tras informe de compromisos entre el Estado y la GIEI, el funcionario señaló federal que interrogatorios al 27 Batallón no están acordados
Luego de la audiencia de oficio donde el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó el informe sobre la investigación y primeras conclusiones del caso Ayotinapa, Roberto Campa Cifrián, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, fue cuestionado sobre la intención de incursión del propio GIEI para interrogar al 27 Batallón de Infantería, el funcionario federal señaló que aún este punto no está acordado en el acuerdo firmado entre los especialistas y el gobierno mexicano.
La intención es que el GIEI amplíe su mandato para investigar el caso Ayotzinapa, y poder, para continuar sus pesquisas, interrogar al Batallón 27, puesto que los padres de los normalistas desaparecidos denuncian que elementos de esta agrupación estaban al tanto sin haber intervenido.
Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a la representación del Estado mexicano una respuesta concreta sobre las declaraciones del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Rafael Cienfuegos, en el sentido de que no permitirá que interroguen a sus soldados y cuestionaron si el funcionario “puede determinar o decidir quién sí y quién no puede colaborar con una investigación que cuenta con el apoyo del Presidente” nacional.
En ese sentido, la respuesta del funcionario de la Secretaría de Gobernación fue señalar que “en México, el comandante supremo de las fuerzas armadas es el Presidente”, pero evadió responder directamente si se permitirá o no que los militares sean interrogados lo cual fue reprochado por el GIEI al declarar que esta pregunta siempre es respondida con evasivas.
Campa Cifrián recordó que ya se han interrogado a más de 50 integrantes del 27 Batallón, y aunque planteó que el gobierno mexicano está en la mejor disposición para atender las peticiones de los expertos y las víctimas, este tema se atenderá conforme lo define el marco legal, pero aclarando que este punto no está contenido en el acuerdo que fue firmado ayer entre el GIEI y el gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Habremos de sujetarnos escrupulosamente a esos diez puntos”, dijo el funcionario, lo que dio lugar a que la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine, le insistiera sobre si eso quería decir que sí se permitiría la declaración de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Campa Cifrián reiteró que los interrogatorios podrán suceder a través del Ministerio Público pero que se tendría que revisar las características del formato y el contenido.
Con ello, el funcionario descartó, ante los comisionados y los representantes de las víctimas, que se interroguen de manera directa a los militares del batallón de Iguala, en donde ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre.
“El tema vinculado con la declaración de los miembros del batallón no forma parte de los puntos convenidos el día de ayer y me parece importante destacarlo”, declaró.
No obstante, los expertos, en voz de Angela Buitrago, insistieron en que las entrevistas a los militares son necesarias y que ya se hicieron seis solicitudes a la Procuraduría General de la República que no han sido respondidas, además de que sí se encuentran contenidas en el documento de coadyuvancia firmado ayer por el gobierno y el GIEI, acuerdo avalado por la CIDH hoy.
“Lo que no entendemos como grupo es por qué en el caso concreto del batallón siempre hay una evasiva” y agregó que es una “necesidad de verificar una serie de información que nosotros le pusimos de presente a la PGR, diligencias y declaraciones que nosotros consideramos vital”, declaró.
El experto Carlos Beristain dijo a los funcionarios mexicanos que uno de los compromisos es la observancia y participación del grupo en lo que considere relevante, como es el caso de las entrevistas con los militares.
Con información de Radio Fórmula
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