La defensa de Gualberto Ramírez solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas para que se resuelva su situación jurídica
Un juez federal impuso prisión preventiva justificada a Gualberto Ramírez Gutiérrez, exfuncionario de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la hoy extinta Procuraduría General de la República (PGR), por el Caso Ayotzinapa.
En la audiencia celebrada este lunes, la defensa del exfuncionario de la SEIDO solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas para que se resuelva su situación jurídica.
Ramírez Gutiérrez es señalado por las autoridades federales por los delitos de desaparición forzada, tortura, colusión de servidores públicos, e intervención de comunicaciones privadas.
Autoridades mexicanas detuvieron a Gualberto Ramírez Gutiérrez, extitular de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), involucrado en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno mexicano, informó este lunes sobre la detención del exfuncionario.
“La madrugada del 25 de junio, la Fiscalía General de la República detuvo a Gualberto Ramírez Gutiérrez, extitular de la Unidad Antisecuestros de la SEIDO, durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa”, dijo Encinas.
En julio de 2019, Ramírez Gutiérrez renunció a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de Secuestro de la SEIDO.
Como encargado de esta unidad, participó en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, así como en diversas averiguaciones sobre delincuencia organizada.
La investigación oficial del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), en la que participó el funcionario, apuntó como “verdad histórica” que los estudiantes fueron detenidos por policías del municipio de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, y los entregaron a criminales que los asesinaron y quemaron en un vertedero de basura.
Pero un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisó el caso y echó abajo la versión oficial, además de denunciar el uso de tortura en las investigaciones de este caso.
Con información de López-Dóriga Digital y Milenio
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