La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia señaló que el Tribunal “no puede otorgar facultades que la Constitución establece de manera exclusiva para el Ministerio Público”
Fiscales y procuradores de los 32 estados de la República Mexicana cuestionó la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito el pasado 31 de mayo, en donde ordena la creación de una Comisión para la Verdad y Justicia para el Caso Iguala.
En un pronunciamiento durante la XXXIX Asamblea Plenaria Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), señaló que dicho Tribunal “no puede otorgar facultades que la Constitución establece de manera exclusiva para el Ministerio Público”.
“La resolución del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, es una clara contravención al texto constitucional, pues vulnera el principio de Supremacía Constitucional, el principio de reserva de ley, el principio de separación de poderes, y desborda los efectos que corresponden al juicio de amparo trastocando la esencia del Ministerio Público”, señalaron en el posicionamiento leído por Víctor Antonio Carrancá, fiscal general de Puebla.
“Para que un órgano ejerza funciones es necesario que así lo disponga el texto constitucional y las leyes emanadas de ella. En el caso concreto, no existe disposición alguna que faculte al Poder Judicial a subrogar la investigación y persecución de los delitos, al margen de distribución de funciones y competencias que expresamente establece la Constitución”, señalaron.
Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio de los derechos que establece la Constitución General de la República, los tratados internacionales y los ordenamientos legales a favor de los imputados, así como de las víctimas y ofendidos de los delitos.
La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia reiteró su compromiso con el pleno respeto al orden jurídico y a los derechos humanos en la actuación del Ministerio Público.
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