El IMCO afirmó que las cárceles mexicanas presentan retos importantes, que van desde la falta de acceso a servicios médicos, hasta el hacinamiento
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) indicó que la crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus COVID-19 expone los grandes desafíos del sistema de justicia penal en México.
En un comunicado, el IMCO señaló que se debe “voltear a ver a las personas que padecen las consecuencias de un sistema poco eficiente e incapaz de cumplir con su encomienda”.
Explicó que el hacinamiento es uno de los principales problemas del sistema penitenciario en el país, toda vez que según datos oficiales, de los 297 centros penitenciarios federales y estatales, 110 están sobrepoblados.
Indicó que la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), registró que en 2016, el 46 por ciento de la población entrevistada compartía celda con otras cinco personas.
El hacinamiento y la gobernabilidad son dos términos imposibles de coexistir en los centros penitenciarios, de lo contrario, se pone en peligro a la población penitenciaria y al personal que labora en las cárceles por las implicaciones de seguridad y salubridad que representa”, apuntó el IMCO.
Señaló que diversas organizaciones sociales han realizado un llamado frente a la crisis sanitaria por COVID-19, para exigir que esta población cuente con los beneficios preliberacionales establecidos por la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP).
Ante esta situación, el IMCO aseguró que es necesario que el Gobierno de México observe y valore las medidas implementadas en otros países frente a la pandemia de coronavirus.
Destacó que Colombia permitió la excarcelación de casi 4 mil personas, quienes ahora están en detención domiciliaria.
Agregó que países como Argentina, Brasil y Chile evalúan otorgar medidas alternativas a la detención a los detenidos que cuentan con más riesgos de salud o que están en proceso bajo prisión preventiva.
El IMCO afirmó que las cárceles mexicanas presentan retos importantes, que van desde la falta de acceso a servicios médicos, de saneamiento y alimentación, hasta el hacinamiento, por lo que propuso:
- Otorgar la liberación a personas adultas mayores con enfermedades crónico-degenerativas o terminales o cuando se trate de un delito cuya pena máxima sea de 5 años de prisión y no se haya cometido con violencia.
- Evitar la prisión preventiva, salvo que se trate de conductas delictivas en las que no lo permita la Constitución o el Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objetivo de frenar el congestionamiento del sistema penitenciario.
- Incentivar que el Juez de Ejecución utilice la figura de sustitución de la pena para evitar el congestionamiento en los centros y proteger a los sectores vulnerables.
- Resolver de manera positiva las solicitudes de libertad anticipada efectuadas por la población privada de libertad, prioritariamente en los casos de personas que presentaron buena conducta, que hayan reparado el daño o hayan cumplido con la mitad de la pena impuesta para delitos culposos.
- Implementar de manera urgente medidas sanitarias adecuadas dentro de los centros penitenciarios ante la pandemia del COVID-19.
- Adquirir herramientas de monitoreo electrónico suficientes para que los sentenciados que no puedan cubrir su costo, puedan beneficiarse de esos aparatos y acceder a la figura de libertad condicional.
- Analizar los impactos negativos que generan las medidas nacionales empleadas, en comparación a las medidas preliberaciones adoptadas en otros países, para contrarrestarlos y complementar estratégicamente las medidas existentes.
“Es necesario cambiar ideas e inercias y mirar con otra perspectiva lo que las propias prisiones no nos permiten ver: su legitimidad ante la sociedad mexicana”, concluyó.
Con información de López-Dóriga Digital
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