La minuta se aprobó con 12 votos en favor, cinco en contra y una abstención
La Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó el dictamen de elegibilidad de la terna a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La minuta se aprobó con 12 votos en favor de Morena y sus aliados; cinco en contra de la oposición y la abstención de Claudia Ruiz Massieu. El dictamen de idoneidad se turnó a la Mesa Directiva del Senado, que a su vez enviará la terna al Pleno, que evaluará los tres perfiles y uno de ellos deberá ser aprobado por mayoría calificada; esto es, dos terceras partes de los legisladores presentes.
Ante la Comisión de Justicia de la Cámara Alta comparecieron Bertha María Alcalde, quien fuera secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y hermana de Luisa María Alcalde, actual secretaria de Gobernación; Lenia Batres, hermana de Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México; y María Estela Ríos, quien es actual consejera Jurídica de la Presidencia de la República.
En esta sesión extraordinaria, encabezada por la senadora Olga Sánchez Cordero, los legisladores adscritos a la Comisión de Justicia escucharon los fundamentos de las tres aspirantes a cubrir la vacante de Arturo Zaldívar, quien presentó su renuncia el 7 de noviembre pasado.
La polémica cae sobre las tres ya que, según los Senadores de oposición, todas son afines al presidente López Obrador.
Se presentan las aspirantes
“Deseo formar parte del máximo tribunal de justicia de nuestro país, para poder contribuir a hacer realidad los anhelos de justicia de un pueblo que aspira y exige fortalecerla”, dijo Alcalde Luján y enfatizó que de ser elegida ministra se desempeñará con respeto a la Constitución, “con independencia de criterio y robustecerá el Estado de Derecho”.
Reconoció que tiene coincidencias en los principios y valores con el actual gobierno. Sin embargo, afirmó que “su independencia y autonomía están garantizadas”.
Por su parte, Batres apuntó que actualmente el poder que mayor amenaza representa para la independencia, imparcialidad y objetividad de los poderes judiciales, no es el gobierno, ni las y los legisladores, sino el poder del mercado, “que ha llegado a subordinar a los poderes constituidos hasta convertirlos en agencias de transmisión de sus necesidades”.
Dijo que firmó que “de aprobarse su nombramiento, su actuar se guiaría por principios democráticos y de derechos humanos” asentados en la Constitución mexicana, de origen popular y republicano, porque “las constituciones y las leyes son útiles cuando resguardan los derechos de las personas, sobre todo de aquellas que han sido excluidas del ejercicio de la dignidad”.
Mientras que Ríos dijo que se comprometió “a dejar de lado cualquier pasión o interés personal que pudiera nublar mi razón. Servir a mi país desde la Corte será para mí, como mexicana, mujer y abogada, la oportunidad de contribuir a la consolidación de un Sistema Judicial que haga efectivo, para todos los habitantes de este país, sin distinción alguna, el derecho humano a vivir dignamente y con justicia”.
Además, dijo entiende que el Poder Judicial de la Federación y los poderes Legislativos y Ejecutivo “deben mantener una relación equilibrada entre sí. Ese es el sentido de la división de poderes, establecer una serie de contrapesos para que ningún poder se imponga sobre el otro”.
Con esta propuesta, López Obrador habrá nominado en su mandato un récord de cinco de los 11 integrantes de la Corte, aunque dos de ellos, Juan Luis González Alcántara y Margarita Ríos Farjat, han mostrado su independencia, mientras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz votan de forma consistente a favor de los proyectos del mandatario.
La vacante causa mayor polémica porque surge tras la renuncia del ahora exministro y expresidente de la SCJN Arturo Zaldívar, quien debía concluir su cargo en diciembre de 2024, pero renunció a inicios de noviembre para integrarse a la campaña presidencial de la oficialista Claudia Sheinbaum.
Con información de López-Dóiriga Digital y EFE
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