La CNDH llamó a los gobiernos de dichos estados a garantizar una estancia digna a las mujeres detenidas en los centros penitenciarios mixtos
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a los gobiernos de Sinaloa, Veracruz y Colima por las deficientes condiciones en que se encuentran las mujeres privadas de su libertad en centros penitenciarios mixtos en esas entidades.
El organismo, atento a las necesidades de las mujeres privadas de la libertad y preocupado por la atención de desigualdad que reciben en esos centros penitenciarios mixtos, en relación con las presentadas en los centros femeniles, sugirió crear infraestructura y equipamiento para que se garanticen condiciones de estancia digna y segura para ellas, sus hijas e hijos.
En un comunicado, indicó que las prisiones mixtas visitadas de esos estados no reúnen las adecuadas condiciones de habitabilidad, ya que su infraestructura, organización y funcionamiento giran alrededor de las necesidades de los varones.
Las reclusas en estos centros penitenciarios carecen de alimentación especializada para las personas menores de edad que viven con ellas, tienen deficiencias en infraestructura, les faltan talleres, aulas, áreas médicas, comedores, cocinas, áreas deportivas, ludotecas y espacios de visita conyugal adecuados, además de que casi es nula actividad cultural y recreativa.
También se evidenció la falta de atención especializada, como el servicio obstétrico, ginecológico y pediátrico, por lo que, advirtió el organismo, “es imperativo se instrumenten políticas públicas en la materia y medidas para garantizarles estancia digna en los centros penitenciarios”.
De acuerdo con el más reciente Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, los centros penitenciarios femeniles alcanzaron una calificación promedio de 7.57 a nivel nacional, mientras que los mixtos alcanzaron 5.98; con 6.61 en Colima, 5.87 en Veracruz y 5.62 en Sinaloa; todo ello en escala del 0 al 10.
Con lo anterior, insistió la comisión, se observó que la situación actual propicia la transgresión de los derechos a la alimentación, seguridad, actividades laborales y educativas, entre otros, en razón de las precarias condiciones en los espacios destinados para ellas y sus hijos que ahí viven, donde imperan la falta de servicios, de protección a la salud y personal en todas las áreas.
Por lo anterior, recomendó a los gobiernos de los tres estados acciones para que cuenten con por lo menos un establecimiento específico para mujeres privadas de la libertad o, en su caso, asignar recursos presupuestales, materiales y humanos que permitan la organización y funcionamiento independiente de los centros visitados, desde su titular, que deberá ser mujer, hasta el personal de las áreas jurídica, técnica, médica, administrativa, seguridad y custodia.
Agregó que deben emprender acciones para que se garantice el derecho a la reinserción social de las mujeres privadas de la libertad en esos dichos estados, en especial en labores productivas, privilegiando el trabajo remunerado y su capacitación en actividades útiles para cuando obtengan su libertad.
Con información de Notimex
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