
La circular de la CJF específica que todos los titulares están obligados a dar cumplimiento a las disposiciones en materia administrativa
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinó este miércoles reanudar por completo las actividades en todos los tribunales y juzgados del país y advirtió de sanciones a quienes se mantengan en paro.
La resolución del CJF, tras una votación dividida, se dio a conocer mediante la ‘Circular 23/2024’ y la cual pone fin a la interrupción de labores, salvo casos urgentes, que llevaban a cabo trabajadores del Poder Judicial por poco más de dos meses, desde el 19 de agosto.
Los votos a favor los emitieron el consejero Bernardo Bátis Vásquez, la consejera Eva Verónica De Gyvés Zárate, la concejera Cecilia Maya García y el consejero Sergio Javier Molina.
Por otro lado, los tres votos en contra fueron por parte de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, la consejera Lilia Mónica López Benítez y por el consejero José Alfonso Montalvo Martínez.
Esta determinación del CJF reafirma lo establecido previamente en la Circular 22/2024, emitida el pasado 16 de octubre, en la que se había anunciado la reapertura de los tribunales y juzgados.
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Con esta decisión, a partir del 24 de octubre, los titulares de los órganos jurisdiccionales deberán asegurar el cumplimiento de las disposiciones administrativas y operativas necesarias para garantizar la correcta impartición de justicia.
Con este nuevo fallo, se hace hincapié en la obligatoriedad de que todo el personal cumpla con el control de asistencia para asegurar el funcionamiento óptimo del sistema judicial.
La circular establece que las áreas administrativas de cada tribunal y juzgado deberán aplicar sanciones al personal que no se presente a laborar, lo que podría significar descuentos económicos del sueldo.
El control de asistencia será estricto, con el objetivo de evitar ausencias injustificadas que puedan comprometer la operación del sistema judicial.
El consejero Sergio Javier Molina Martínez, al emitir su voto concurrente, también pidió información más precisa sobre la situación de los inmuebles y los órganos jurisdiccionales.
Indicó que es fundamental tomar en cuenta los informes de las administraciones regionales y la coordinación de seguridad para garantizar la seguridad de las instalaciones y del personal.
El paro de labores surgió como manifestación de los inconformes al interior del Poder Judicial mexicano, a la que se sumaron jueces y magistrados, por la reforma que impulsa en junio de 2025 la elección de la mitad de todos los jueces y magistrados del país, así como de la totalidad de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Con información de López-Dóriga Digital y EFE