Organizaciones de la sociedad civil y un grupo de ciudadanos presentaron una propuesta de iniciativa ciudadana de ley para, entre otras cosas, obligar a todos los servidores públicos a hacer pública su declaración patrimonial, fiscal y de intereses (3 de 3). “Los mexicanos estamos hartos de la corrupción. Pero pedirle a los políticos que resuelvan … Continued
Organizaciones de la sociedad civil y un grupo de ciudadanos presentaron una propuesta de iniciativa ciudadana de ley para, entre otras cosas, obligar a todos los servidores públicos a hacer pública su declaración patrimonial, fiscal y de intereses (3 de 3).
“Los mexicanos estamos hartos de la corrupción. Pero pedirle a los políticos que resuelvan el problema, es como pedirle a un futbolista que sea el árbitro de sus propio partido. La solución tiene que venir de los ciudadanos”, explica una leyenda en el portal digital de la iniciativa presentada.
La propuesta requiere 120 mil firmas verificadas por el Instituto Nacional Electoral para que sea una iniciativa ciudadana y el Congreso la discuta.
Este concepto forma parte de la última reforma constitucional en materia política que permite a los ciudadanos promover iniciativas para que los legisladores las discutan.
Las organizaciones que presentan la iniciativa consideran que el congreso ya se tardó demasiado en la discusión de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, aprobado en mayo de 2015, por lo que presentaron su propia propuesta de Ley Generada de Responsabilidades Administrativas de los Servicios Políticos.
Lo que pide exactamente la Ley 3 de 3
1.- Obligación de presentar las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal para todo funcionario, de forma periódica y pública.
2.- Directrices para la conducta ética esperada de los servidores públicos.
3.- Un marco de responsabilidades único para todo el país y los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno y órganos autónomos.
4.-Medidas preventivas basadas en las mejores prácticas internacionales y sanciones para evitar que el sector privado participe en actos de corrupción.
5.- Mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar los actos de corrupción de manera segura y anónima.
6.- Una clasificación de los 10 actos de corrupción grave.
7.-Dotas de los recursos y herramientas necesarias para la investigación efectiva de actos de corrupción a las autoridades responsables.
8.-Sanciones severas para servidores públicos que cometan actos de corrupción y una lista negra de consulta obligatoria.
9.- Mayor coordinación entre las autoridades responsables de investigar y sancionar actos de corrupción.
Con información de Milenio
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