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Cierran oficialmente penal de Topo Chico
Foto de Notimex

El gobierno de Nuevo León realizó esta mañana una ceremonia oficial para el cierre definitivo del penal del Topo Chico, donde quedaban hasta hoy apenas 152 internos de 6 mil que llegó a albergar.

Con un evento en el interior de las instalaciones se realizó la clausura del recinto, que se convertirá en el Archivo General del Estado y en un parque público el terreno que abarca ocho hectáreas.

Topo Chico fue hasta hoy una penitenciaría explosiva por sus constantes brotes de violencia, motines, extorsiones dentro y fuera, así como el control de un autogobierno, fundamentalmente liderado por capos del grupo criminal Los Zetas.

En febrero de 2016 un enfrentamiento entre dos grupos criminales rivales dejó un saldo de 49 muertos y 34 heridos. Muchos internos fueron calcinados vivos al ser encerrados en el ambulatorio C-3.

Sin embargo, a partir de noviembre de 2018, con una nueva asesoría ya probada en otros estados, como Chihuahua y a nivel federal, llegó la reingeniería al sistema penitenciario de esta entidad.

Quien dirige este grupo de asesores penitenciarios es Eduardo Guerrero Durán, el mismo que a nivel federal se encargó que mantener a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en prisión y de entregarlo en extradición a los Estados Unidos.

Una nueva visión para estudiar la situación de los internos, celadores, instalaciones y de cómo desactivar un autogobierno ha funcionado hasta ahora en el sistema penitenciario de Nuevo León.

Durante los últimos 10 meses, el estado creó el primero, y muchas veces postergado Centro de Reinserción Penal Femenil de Nuevo León, de acuerdo con el compromiso de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario Mexicano, atendiendo también una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Con ello salieron del Topo Chico las mujeres, luego de que durante años, algunas eran extorsionadas y abusadas por internos a través de un pasadizo denominado “uber” entre las alas femenil y masculina.

Entre noviembre de 2018 y agosto de este año se trasladaron 846 internos peligrosos a centros penitenciarios federales y otros 4 mil 898 entre un centro estatal y otro.

Se efectuaron nueve intervenciones masivas para traslados y se aplicaron 632 revisiones rutinarias para confiscar objetos prohibidos. Las autoridades aseguraron 3 mil 234 objetos como armas de fuego, drogas y teléfonos celulares en todo el sistema penitenciario de Nuevo León.

Apenas en marzo desactivaron un plan para efectuar un nuevo motín.

Con información de Notimex