El Ayuntamiento de San Luis Potosí negó el exceso de uso de fuerza pública en el desalojo de la ex funcionaria María Teresa Carrizales
El secretario general del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Sebastián Pérez García, negó el exceso de uso de fuerza pública en el desalojo de la ex funcionaria María Teresa Carrizales Hernández.
Por medio de un comunicado, la administración local aseguró que la mujer se introdujo a las oficinas de la Oficialía No. 11 violentando los herrajes de seguridad.
Pérez García precisó que antes de la intervención de los efectivos de la corporación, se le notificó a Carrizales Hernández que debía abandonar el lugar, porque estaba incurriendo en la infracción de allanamiento de área restringida a la que ya no tenía acceso desde el momento de su baja el pasado viernes 28 de junio.
“En todo momento se ha actuado conforme a derecho, tanto en la remoción de la ex funcionaria pública como en la desocupación de la oficina”, aseguró el funcionario.
Dijo que la Policía Municipal hizo uso legítimo de la fuerza con base en sus atribuciones y obligaciones, argumentando que la persona que fue desalojada incurrió en graves violaciones, que incluso, fueron turnadas a la Contraloría interna por tratarse de un asunto de carácter laboral.
Sebastián Pérez mencionó que en la ciudad existen siete jurisdicciones de las Oficialías del Registro civil y que, en tan solo un dominio, se encontraban cinco, por lo que se procedió a la diversificación estratégica de las oficinas para hacerlas más accesibles para todos, “como parte de la reestructuración, y luego de una revisión exhaustiva de los procedimientos fueron identificadas irregularidades en la Oficialía número 11, por lo que se procedió a la baja (de Carrizales Hernández)”, expuso.
Por su parte, el director general de Seguridad Pública Municipal, Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia, expuso que él personalmente acudió al lugar para supervisar que los procesos se realizaran con apego a la legalidad, recalcando que no se trató de un operativo, sino de un apoyo a un acto administrativo del Gobierno municipal.
“Ante la negativa de la infractora se procedió a retirarla de la oficina principal a cargo de mujeres policías que la llevaron a la patrulla en donde se le retiraron las esposas”, añadió que posteriormente se le trasladó a la barandilla municipal en donde fue certificada médicamente, en donde pagó la multa y se retiró.
El Ayuntamiento de San Luis Potosí aseguró que la actuación de las autoridades municipales se realizó con la presencia de los representantes de las instituciones de Derechos Humanos tanto del Estado como la Municipal, que cuentan con el material digital que documentó los acontecimientos desde el inicio hasta el final.
En la semana, María Teresa Carrizales afirmó que fue desalojada de su cargo tras haber denunciado actos de corrupción al interior del Ayuntamiento de San Luis Potosí.
“Denuncié actos de corrupción del presidente municipal por cobros indebidos en los servicios que proporcionamos en el Registro Civil, ese fue mi error”, expresó en entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula.
En un video se puede observar cómo las oficiales la sacaron del inmueble, arrastrándola por el piso y las escaleras.
Con información de López-Dóriga Digital
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