El reporte que indica que los Zetas desaparecieron hasta a 300 personas en Coahuila afirma que lo hicieron con complicidad de autoridades
El domingo salió a la luz un reporte que señala a los Zetas como responsables de la desaparición de un número indeterminado de personas en Allende, Coahuila en marzo de 2011.
La venganza fue una de las más atroces que hayan cometido Los Zetas: en marzo de 2011, sicarios del grupo entraron a un municipio cerca de la frontera con Texas donde vivía un supuesto traidor y, con el apoyo de la policía, secuestraron a todos los que llevaban su apellido, incluidos mujeres y niños, y redujeron sus cuerpos a ceniza.
No se sabe el número real de víctimas de esa venganza, que oscila entre 42 y 300 desaparecidos según las fuentes, pero un informe divulgado el domingo ofrece por primera vez una versión avalada por una entidad federal sobre lo ocurrido en el municipio de Allende, Coahuila, una masacre ignorada durante años.
La historia es un reflejo de la elevada infiltración y corrupción del cártel en las fuerzas de seguridad municipales.
El cártel de Los Zetas es responsable de numerosas masacres, entre ellas la de 72 indocumentados en el municipio de San Fernando en agosto de 2010, de la que habla el informe.
La Fiscalía general reconoció que los Zetas “pagaban a la policía”. Un agente municipal aseguró que todos recibían dinero de la organización delictiva, “unos obligados y otros por gusto”.
“Una parte de los recursos obtenidos por los Zetas en Allende la dedicaban a la compra de la complicidad policiaca”, revela el estudio, que tilda como sorprendente lo barato que resultaba tener “a su servicio una corporación” de seguridad.
El documento señala que, el salario promedio mensual de un policía municipal en dicha región en 2011 era de poco más de 6 mil pesos, mientras que los Zetas llegaban a pagarle a las autoridades 20 mil pesos, dependiendo el cargo del policía y la complicidad con el cártel.
El reporte indica que los gobernadores de Tamaulipas y de Coahuila “evadieron todo lo que pudieron la responsabilidad de su Gobierno, para lo cual negaban o minimizaban los hechos”.
El documento fue coordinado por el académico Sergio Aguayo y realizado por El Colegio de México (Colmex) a petición de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Una de las conclusiones es que “es urgente e indispensable que el Estado reestructure y mejore las instituciones que atienden a víctimas de violencia criminal”.
“El término que mejor define la experiencia de las víctimas es el desamparo”, concluye el reporte. En la última década, México acumula 150 mil muertos y más de 27 mil desaparecidos.
Con información de 24 horas
Minuto a minuto
