El diputado del PAN, Gonzalo Espina presentó una iniciativa para expedir la Ley que Regula la Prestación de Servicios de Seguridad Privada
El asambleísta Gonzalo Espina Miranda presentó una iniciativa para expedir la Ley que Regula la Prestación de Servicios de Seguridad Privada en la Ciudad de México.
La propuesta contempla, entre otros preceptos, la celebración de convenios con las autoridades federales para establecer lineamientos, acuerdos y sistemas de apoyo mutuo con la prestación de ese servicio.
Asimismo obliga a los aspirantes a pertenecer a las empresas de seguridad privada a presentar Carta de No Antecedentes Penales emitida por la Procuraduría General de la República (PGR).
También obliga a aplicar semestralmente exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos a los elementos operativos, en institución autorizada para el efecto, y presentar el resultado de los mismos en un plazo de 10 días hábiles posteriores a su práctica.
Además se debe entregar un reporte mensual de la prueba antidoping, realizada por los laboratorios autorizados por la Secretaría de Seguridad Pública local.
Espina Miranda, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa, expuso que se debe dar pauta a las instituciones locales para garantizar seguridad de los capitalinos y estar acorde con lo que establece el Artículo 122 constitucional y la Constitución de la Ciudad de México.
Además, dijo, para que la Secretaría de Seguridad Pública cuente con la facultad de regular la prestación de seguridad privada en la Ciudad de México y así garantizar a los particulares que contraten esos servicios la certeza de un marco jurídico que los respalde ante algún acontecimiento.
Expuso que, según el Registro Nacional de Empresas 2013, el número de las de seguridad privada fue de 914, el personal autorizado era de 64 mil 235 personas y se contó con un gran registro de mil 492 vehículos, así como con mil 858 armas cortas y dos mil 93 largas.
Derivado de lo anterior, señaló, se puede afirmar que las empresas de seguridad privada han crecido de manera exponencial, sin que otorguen alguna garantía de sus servicios a quienes las contratan, y no existe un registro confiable sobre dicha actividad.
Agregó que la falta de una regulación provoca que muchas empresas no registradas sin mayor problema pueden adquirir uniformes de guardias de seguridad privada y ofrecer sus servicios a un costo mucho menor, sin ofrecer un servicio profesional.
Redacción
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