El aplazamiento de la audiencia se dio para que las autoridades den el informe sobre el decreto que declaró al Tren Maya como obra de seguridad nacional
Un juez federal con sede en Yucatán aplazó la audiencia en la que se resolverá si el Gobierno Federal violó la suspensión definitiva contra el Tramo 5 del Tren Maya al reanudar su construcción tras la declaración de la obra como de seguridad nacional.
El aplazamiento de la audiencia, para el 9 de agosto, se dio para que las autoridades remitan el informe solicitado respecto al decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que declaró al Tren Maya como obra de seguridad nacional.
Asimismo el juez desechó como prueba pericial lo entregado por la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) para comprobar la reanudación de las obras del Tramo 5 del Tren Maya. Argumentó que la información era ambigua e imprecisa.
Pero DMAS obtuvo este lunes una segunda suspensión definitiva para frenar el Tramo 5, en la parte norte por no contar con resolutivo y en la parte sur porque no se han cumplido con las condicionantes que se impusieron como requisitos previos a iniciar las obras.
El amparo 923/2022 fue tramitado el 5 de abril pasado, cuyo acto reclamado son los permisos, autorizaciones y trabajos que conllevan a la planeación, ejecución, y desarrollo de actividades en el tramos 5 del proyecto Tren Maya, y del que ya se había concedido una suspensión provisional.
El 25 de mayo DMAS solicitó ampliar la demanda de amparo para incluir a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) entre las autoridades mencionadas y solicitar la suspensión contra cualquier autorización provisional de obras y proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno de México.
Y en dicha solicitud de ampliación incluye a los tramos 6 y 7, de los que Novelo Pérez decidió este lunes rechazar la suspensión “porque la DGIRA sólo emitió las autorizaciones provisionales, más no ejecuta los trabajos”.
Esta es la segunda suspensión definitiva que se otorga en el tramo 5. Por la deforestación hecha sin una MIA, ni los estudios correspondientes, ni el rescate de fauna y flora, el 30 de marzo buzos profesionales calificados en inmersiones promovieron el amparo 884/2022, del que un juez concedió la suspensión definitiva el pasado 30 de mayo.
Con información de El Universal y de EFE
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