López Obrador dijo que filtración del informe del Caso Ayotzinapa pudo tener el objetivo de que si se daba a conocer, perdería valor legal
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la filtración a medios de comunicación del informe por el Caso Ayotzinapa fue “un acto de mala fe“.
Sin embargo, López Obrador detalló que señaló que en el tema de los 43 normalistas desaparecidos “no se deben ocultar las cosas”.
“Yo creo que lo hicieron de mala fe, pero, en mi opinión, no se deben de ocultar las cosas. Yo nada más ofrezco disculpas, no solo por eso sino por todo lo que injustamente hicieron a sus hijos, ofrezco disculpa a los padres, es lo que debe de cuidarse”, argumentó en la conferencia de Palacio Nacional.
“También yo les dije y ellos también en un momento lo plantearon, de que querían la verdad, aunque fuese dolorosa y sí es muy dolorosa, mucho, mucho, muy dolorosa, ese es el único tema. Lo demás, es una actitud, con todo respeto, de zopilotes, pero si se conoce la vedad, no hay problema. Si se conoce la verdad es lo que nos va a liberar, no ocultar nada”, indicó.
El mandatario mexicano detalló que dicha filtración pudo tener el objetivo de que si se daba a conocer, dicho documento perdería su valor legal.
“Si yo dije ‘por qué es que se tenía que testar’, que los abogados y jueces pongan por delante la justicia, no es posible que por un asunto de procedimiento se impida hacer justicia, porque a lo mejor quienes filtraron este documento sin testar, lo hicieron pensando en que de esa manera ya no va a tener validez legal, sí, nada más que este no es un asunto nada más jurídico, éste es un asunto de justicia y de Estado”, expuso.
“No es a ver, es qué como dieron a conocer los nombres, ya los vamos a dejar en libertad, porque se violó el sacrosanto debido proceso, no. ¿Y si son responsables y cometieron los crímenes, entonces, con una argucia legaloide se vulnera la justicia, se pisotea la justicia? No”, resaltó.
Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación (Segob), pidió el sábado a la Fiscalía General de la República (FGR) que inicie una investigación para que se identifique y castigue a quien resulte responsable por una “grave filtración” de información del Caso Ayotzinapa.
La polémica sobre la desaparición de los 43 jóvenes, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero, se ha reavivado tras el informe que presentó en agosto la Comisión para la Verdad, que concluye que fue un “crimen de Estado” y que no hay indicios de que estén vivos.
La Comisión de la Verdad ha rechazado la “verdad histórica” del Caso Ayotzinapa, la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en Guerrero.
La Administración de López Obrador desmintió esa versión, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
Con información de López-Dóriga Digital
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