El titular de la CNDH expresó su más enérgico rechazo a los recientes casos de linchamiento ocurridos en los estados de Hidalgo y Puebla
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, expresó su más enérgico rechazo a los recientes casos de linchamiento ocurridos en los estados de Hidalgo y Puebla, y demandó una investigación objetiva e integral de los hechos.
Indicó que es necesario investigar y determinar la responsabilidad, tanto de las autoridades que no evitaron los linchamientos, como de las personas que habrían participado en los mismos.
En entrevista, dijo que mientras el Estado no cumpla con sus obligaciones de abatir la impunidad y brinde condiciones mínimas de seguridad a la sociedad, se dejará “abierta la puerta” para que se presenten nuevos casos de justicia por propia mano.
Mencionó que tan sólo en 2018, la CNDH tendría registro de por lo menos 25 personas que habrían sido privadas de la vida y 40 que se habría intentado linchar, pero fueron rescatadas con distintos grados de lesiones.
Afirmó que ante la recurrencia de los casos en que se ejerce justicia por propia mano, la CNDH prepara un informe sobre la problemática de los linchamientos, enfatizando que la justicia por propia mano no es justicia, sino barbarie.
Subrayó que es preciso que las autoridades tengan protocolos de actuación y estrategias para la atención de estos casos, cuestiones que han probado ser efectivas para evitar que se presenten pérdidas de vidas cuando se detectan las amenazas y se actúa debidamente para controlarlas.
En estos casos, la actuación oportuna de la autoridad es la diferencia entre la vida y la muerte de las personas, resaltó González Pérez.
De ahí el exhorto respetuoso a las autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno, para que adopten las medidas conducentes a efecto de detectar y atender los casos en que exista riesgo de que las personas ejerzan justicia por propia mano.
También reiteró la necesidad de que los casos que se han presentado se investiguen y se determinen las responsabilidades que correspondan, tanto por omisión como por actuación indebida, de autoridades y particulares.
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