Afectados presentaron primeros hallazgos sobre los “verdaderos daños” a los derechos humanos, salud, medioambiente, ecosistema y economía
Ocho años después del derrame tóxico de la mina Buenavista del Cobre que contaminó el río Sonora, afectados detallaron que ven avances en cuanto a hallazgos, pero que todavía no se ha hecho justicia, pues la empresa responsable permanece impune.
“Me duele lo que nos está pasando. Desde el derrame el 6 de agosto de 2014 nos truncaron la vida, nos quitaron nuestra costumbre, vivimos en una vida triste”, dijo en una conferencia de prensa en la capital mexicana Norberto Bustamante, miembro del Comité Cuenca Río Sonora, sobre el que se considera el mayor desastre ambiental en la historia de la minería nacional.
Durante el evento, en el que participaron miembros del comité, científicos vinculados con el caso y representantes de la organización de derechos humanos PODER, se presentó un nuevo balance y claves del desastre ambiental después de varios meses de trabajo y diálogo con el Gobierno Federal.
Por primera vez presentaron, con base en información oficial, los primeros hallazgos sobre los “verdaderos daños” a los derechos humanos, a la salud, al medioambiente, al ecosistema y a la economía.
Entre los hallazgos están la presencia “homogeneizada” de metales como plomo arsénico y cadmio en habitantes de distintas poblaciones de la cuenca, la disminución de la población de insectos, los daños económicos al estado de Sonora y a la sociedad mexicana.
Estos gastos los cuantificaron en 10 mil 200 millones de pesos, que triplica lo pronosticado por la administración anterior.
Además, el informe recoge otras revelaciones, como que Grupo México continúa impune y sin plan de manejo de residuos, que todavía no hay potabilizadoras, que la Comisión Nacional de Agua (Conagua) ralentiza avances y que se necesita mejorar la coordinación entre autoridades.
“Los habitantes de la zona del río sabíamos que estaba contaminada (el agua), faltaban los análisis para tenerlo en escrito”, detalló José Manuel López, también miembro del comité.
Los habitantes informaron que muchos de ellos están reportando tumores, leucemia y alergia, entre otras afectaciones a la salud, y que la atención sanitaria no es suficiente.
Además lamentó que, si estando bajo tratamiento continúan “bebiendo agua contaminada y bañándose en ella”, nunca podrán recuperarse.
“Estamos completamente contaminados. Hay pruebas, hay estudios. Esperemos que haya una solución en esto”, terminó Bustamante.
El 6 de agosto de 2014, la falla en una válvula de un tubo de lixiviados de la mina de Cananea generó el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico que contaminaron los ríos Sonora y Bacanuchi, lo que dejó sin agua para consumo humano y actividades productivas a más de 22 mil habitantes de siete municipios.
Esto afectó a la economía regional, basada en agricultura, ganadería, minería, turismo y productos artesanales, y todas estas actividades quedaron estigmatizadas por la intoxicación con metales pesados.
A pesar del desastre ambiental, el Gobierno Federal permitió que el poderoso consorcio Grupo México expandiera su explotación minera con la construcción de una nueva presa para sus residuos tóxicos, ubicada a 23 kilómetros de Bacanuchi, un poblado que habitan 70 familias en el municipio de Arizpe, Sonora.
Los pobladores de esta comunidad marginada iniciaron una batalla legal contra la empresa trasnacional para evitar una nueva contingencia.
Con información de EFE
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