Es cierto que aún faltan muchos asuntos pendientes por resolver, pero la cantidad de trabajo y de recursos que se presentan hacen imposible la celeridad en casos que, por ser importantes, son muy complejos
Texto por Alfonso Pérez Daza,
Académico de la UNAM
Publicado anteriormente en El Universal.
En una reciente colaboración, el académico José Woldenberg afirmó que “llama poderosamente la atención que la Corte, ante asuntos tan relevantes que ninguna otra instancia del Estado puede resolver, parezca que mira hacia otro lado… La Corte debe jugar de manera puntual su rol como tribunal constitucional y preservar el diseño republicano consagrado en la Constitución y que los derechos de los ciudadanos no sean atropellados”. La crítica que hace a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el tiempo que tarda en resolver los asuntos se realiza, a mi juicio, sin considerar otros datos importantes.
Actualmente, la Suprema Corte resuelve cotidianamente asuntos de la mayor importancia, dirimiendo las controversias constitucionales entre los poderes y declarando la inconstitucional de algunas leyes. Pero también resuelve los amparos directos en revisión, las contradicciones de tesis, los recursos administrativos contra las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, entre otros más. Es cierto que aún faltan muchos asuntos pendientes por resolver, pero la cantidad de trabajo y de recursos que se presentan hacen imposible la celeridad en casos que, por ser importantes, son muy complejos.
Para tener una idea de los resultados de la Corte, en el 2019 el Tribunal Pleno resolvió 429 asuntos, de los cuales más de la mitad correspondió a controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Estos asuntos generaron criterios importantes sobre la inconstitucionalidad del matrimonio infantil, la discriminación contra parejas del mismo sexo, la validez de impuestos ecológicos, la consulta previa para personas con discapacidad y pueblos indígenas, los derechos de personas migrantes y la paridad de género en materia electoral, entre otros.
La Primera Sala resolvió 3,161 asuntos entre los que destacan la libertad de expresión y protección de minorías contra el discurso de odio, el sistema penal acusatorio, el acceso al expediente en casos de graves violaciones a derechos humanos, la igualdad de género en el derecho familiar y la discriminación contra familias homoparentales. Por su parte, la Segunda Sala resolvió 3,435 asuntos, en los que se avanzó en la protección de las personas con VIH/SIDA para no ser discriminadas, el derecho a la información en redes sociales, el deber de juzgar asuntos laborales con perspectiva de género o el uso terapéutico de la cannabis.
Estos datos los presentó el Ministro Arturo Zaldívar al rendir su Primer Informe como Presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Recientemente, el propio Ministro Zaldívar coincidió que “la Corte debe dejar de ser una máquina de tramitación de recursos dilatorios o un guardián de la legalidad de las leyes estatales, que absorben un porcentaje demasiado alto de sus recursos institucionales, sin beneficio tangible para la sociedad”.
El diagnóstico es claro: la Suprema Corte solo debe ser un tribunal constitucional. La reforma que impulsa el Poder Judicial propone eliminar la facultad del Máximo Tribunal para revocar los acuerdos que apruebe el Consejo de la Judicatura Federal y suprimir el recurso de revisión administrativa en contra de la designación de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito, a fin de no distraer a la Suprema Corte de la impartición de justicia como su objetivo principal.
Para fortalecer el rol de la Corte como tribunal constitucional se propone modificar la fracción IX del artículo 107 constitucional, con el fin de darle mayor discrecionalidad para conocer del recurso de revisión en amparo directo, únicamente cuando a su juicio el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. Asimismo, se establece la inimpugnabilidad de los autos que desechen la revisión en amparo directo, con el objeto de hacer hincapié en la excepcionalidad de los recursos.
Estas propuestas de reforma están actualmente en manos del Senado de la República, hacemos votos por que sean aprobadas. Solo así se conseguirá que la Corte enfoque sus energías únicamente en los asuntos más relevantes para el orden jurídico de nuestro país.
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