El politólogo Daniel Zovatto analiza la orden de Trump que autoriza al Pentágono a actuar militarmente contra cárteles de la droga
Por Daniel Zovatto, director y editor de Radar Latam 360
La reciente filtración de que el presidente Donald Trump firmó una directiva secreta que autoriza al Pentágono a actuar militarmente contra cárteles de la droga extranjeros marca un punto de inflexión en la política de seguridad de Estados Unidos.
Lo que tradicionalmente ha sido competencia de agencias policiales y de inteligencia pasa ahora al terreno castrense, respaldado por la designación de varias organizaciones criminales —principalmente latinoamericanas— como organizaciones terroristas extranjeras.
El argumento oficial es detener el flujo de fentanilo y otras drogas que alimentan la mayor crisis de adicciones en décadas. Sin embargo, la medida plantea interrogantes legales, diplomáticos y estratégicos de gran calado: ¿qué cobertura jurídica tendría el uso de fuerza letal fuera de un conflicto bélico aprobado por el Congreso? ¿Cómo reaccionarán los países implicados ante una eventual violación de su soberanía?
Maduro, objetivo prioritario
En este nuevo marco, la Casa Blanca ha doblado a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Nicolás Maduro, acusándolo de liderar el Cártel de los Soles y de colaborar con organizaciones como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.
Según Washington, estas redes han estado implicadas en el tráfico de al menos 30 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
La ofensiva combina instrumentos judiciales, financieros y ahora militares. La designación de “narcoterrorista” no es solo retórica: permite perseguir a quienes presten “apoyo material” con umbrales probatorios más bajos y habilita medidas extraterritoriales, desde interdicción marítima hasta cooperación operativa con terceros países.
Maduro ha descartado las acusaciones como “propaganda política”, pero el riesgo para Caracas es real: si la presión militar se materializa, podría producir operaciones selectivas contra redes logísticas o financieras vinculadas a su entorno, dentro y fuera de Venezuela.
El dilema para Maduro es doble: buscar respaldo reforzado de aliados como Rusia, China o Irán, o explorar discretamente canales de negociación que alivien la presión.
México: soberanía en la cuerda floja
México se encuentra en una posición extremadamente delicada. Seis de los cárteles designados como organizaciones terroristas son mexicanos —Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Cártel del Noroeste, Cártel del Golfo y Nueva Familia Michoacana—, a los que se suman el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, ambos con presencia en el país.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido tajante: “no habrá intervención militar de Estados Unidos en México”. Reconoce que la propuesta se planteó en conversaciones con Washington, pero asegura que fue rechazada en defensa de la soberanía.
Aun así, la presión es evidente: la crisis del fentanilo y la narrativa de “terrorismo” alimentan la expectativa en Estados Unidos de acciones más contundentes contra los cárteles.
La tensión bilateral no es nueva. En mayo, Trump acusó a Sheinbaum de “tener miedo a los criminales” tras negarse a permitir el despliegue de tropas estadounidenses. El caso de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”, convertido en testigo colaborador en EE. UU., ha añadido un matiz incómodo: ¿cómo conciliar la colaboración judicial con la etiqueta de “terroristas” que Washington aplica a las mismas organizaciones?
Legalidad, riesgos y precedentes
El marco legal interno estadounidense otorga amplias facultades para actuar contra organizaciones terroristas designadas, pero la utilización de fuerzas armadas en territorio extranjero sin consentimiento explícito plantea serios problemas bajo el derecho internacional. Una operación unilateral en México o Venezuela sería vista como violación de soberanía y podría desencadenar crisis diplomáticas de gran envergadura.
Más plausible, al menos en el corto plazo, es un endurecimiento de medidas de interdicción marítima y aérea, operaciones encubiertas de apoyo a fuerzas locales, presión financiera y sanciones ampliadas. Sin embargo, incluso acciones indirectas pueden provocar incidentes y alimentar narrativas antiestadounidenses en la región.
Un hemisferio en tensión
La ofensiva simultánea contra cárteles latinoamericanos y contra Maduro no es casualidad: responde a la estrategia de Trump de proyectar fuerza, reforzar su imagen de “mano dura” y desviar la atención de frentes internos donde tiene varios problemas.
Pero el coste potencial es alto: erosiona la cooperación regional, multiplica los escenarios de fricción y aumenta el riesgo de incidentes armados.
La historia de las intervenciones estadounidenses enseña que, una vez cruzada la línea de la acción militar, es difícil retroceder.
Tanto Caracas como Ciudad de México deberán calibrar con cuidado sus respuestas: subestimar la determinación de la Casa Blanca podría ser tan costoso como sobrerreaccionar y precipitar un choque frontal.
En este nuevo tablero, el margen para la ambigüedad se estrecha. La “militarización selectiva” de la lucha contra el narco marca un antes y un después en la política hemisférica.
El desenlace dependerá de si Washington logra combinar presión con cooperación efectiva, o si su estrategia termina debilitando, más que reforzando, la seguridad regional.
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