La nueva fiscalía investigará delitos que atenten contra los intereses financieros europeos, sin importar en que país de la comunidad ocurra
Los ministros de Justicia de la Unión Europea (UE) dieron este jueves el visto bueno final a la creación de una fiscalía europea dedicada a investigar y enjuiciar a los acusados de delitos contra los intereses financieros europeos.
“Incluso cuando los criminales actúan del otro lado de la fronteras ahora podremos asegurarnos de que sean traducidos a la justicia y de que se recupere el dinero de los contribuyentes”, afirmó en rueda de prensa el ministro de Justicia de Estonia, Urmas Reinsalu, cuyo país ejerce este semestre la presidencia de la UE.
La Fiscalía Pública Europea (EPPO, por el nombre en inglés) entrará en función a partir de 2020 o 2021, pero la fecha precisa aún queda por determinar.
Unificará el trabajo de los fiscales nacionales bajo un órgano comunitario, facilitando el intercambio de información y la coordinación de las investigaciones, acelerando la congelación de activos, así como los arrestos de sospechosos más allá de las fronteras nacionales.
En la actualidad sólo las autoridades nacionales pueden perseguir el fraude con fondos comunitarios, como el mal uso intencionado de fondos estructurales europeos o el fraude transfronterizo en el Impuesto sobre Valor Agregado (IVA). Sus jurisdicciones se limitan al territorio del país que representan.
El nuevo organismo actuará inicialmente en veinte países, entre ellos España, Alemania, Francia e Italia. Otros países, que no han querido sumarse a la iniciativa, podrán hacerlo más adelante.
Con sede en Luxemburgo, contará con un fiscal jefe y fiscales de todos los Estados participantes, que podrán también designar al menos a un fiscal delegado localizado en su territorio.
La expectativa es de que sus competencia sean ampliadas en el futuro para cubrir otros delitos transfronterizos, como terrorismo y tráfico de personas.
Redacción
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