Minuto a Minuto

Internacional Asfura se mantiene a la cabeza en los resultados de presidenciales en Honduras con 40.31 % de los votos
Asfura sigue adelante cuando restan por escrutar un poco más de mil actas electorales de las 2 mil 792 que presentaron inconsistencias y con las cuales el jueves se inició un escrutinio especial
Internacional Venezuela anuncia el zarpe de un buque de Chevron con crudo en medio de tensiones con EE.UU.
A pesar de la tensión entre Washington y Caracas, Chevron opera en Venezuela asociada con la estatal PDVSA gracias a una licencia del Departamento del Tesoro
Internacional EE.UU. aborda con Ucrania las garantías de una paz con Rusia y la recuperación posconflicto
El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, hizo un recuento en X de las reuniones "productivas y constructivas" de los últimos tres días con sus pares ucranianos
Economía y Finanzas Seis consejos para celebrar la Navidad sin afectar tus finanzas
Aplicar hábitos financieros inteligentes durante esta temporada, en especial para la cena y los regalos de Navidad, puede marcar la diferencia entre disfrutar las fiestas o empezar el año con estrés financiero
Entretenimiento Muere el actor James Ransone, conocido por ‘It: Chapter Two’
Las primeras investigaciones apuntan a que el actor James Ransone se habría suicidado, dado que no se encontró evidencia de algún delito
Trump demanda por 100 mdd a EE.UU. por redada ‘inconstitucional’ en Mar-a-Lago
Donald Trump. Imagen de archivo. Foto de EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Donald Trump, expresidente de EE.UU., demandó al Departamento de Justicia por 100 millones de dólares al considerar que la redada y registro realizados en 2022 en su residencia de Mar-a-Lago para confiscar documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca son inconstitucionales y buscaron dañar su reputación.

La demanda del también candidato republicano a la presidencia, que fue presentada bajo la Ley Federal de Demandas por Agravio (FTCA, en inglés), alega que la redada muestra una “la clara intencionalidad de persecución política” contra el expresidente (2017-2021), al que se investigó y acusó de retención ilegal de documentos confidenciales de la Casa Blanca.

Sin embargo, el caso fue desestimado el pasado 15 de julio por la jueza de Florida Ailenn Cannon, nominada por Trump cuando fue presidente, y está en proceso de apelación.

La jueza argumentó que el fiscal especial a cargo de la investigación, Jack Smith, no fue designado legalmente, por lo que “viola la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos“.

La demanda de Trump contra el Departamento de Justicia, que según medios fue presentada la semana pasada, califica este registro de “conducta tortuosa de Estados Unidos contra”.

La querella se centra en el registro del FBI en Mar-a-Lago en agosto de 2022, en medio de la investigación federal sobre la retención indebida de documentos confidenciales por el expresidente.

Tras el registro se designó a Smith como fiscal especial, quien presentó posteriormente 37 cargos criminales contra el exmandatario relacionados con su manejo de materiales clasificados después de dejar la Casa Blanca.

Entre los delitos figuran los de retención deliberada de información de defensa nacional y conspiración para obstruir la justicia y declaraciones falsas, cargos de los que Trump se declaró “no culpable”.

El Departamento de Justicia tiene 180 días a partir de la fecha de recepción para responder a la notificación y llegar a una resolución.

Lo que el presidente Trump está haciendo aquí no es solo defenderse a sí mismo, sino que está defendiendo a todos los estadounidenses que creen en el Estado de Derecho y que se debe exigir cuentas al Gobierno cuando nos hace daño”, dijo Epstein al canal Fox.

La demanda contra el Departamento de Justicia afirma que “los actos ilícitos contra el presidente (Trump) tienen su raíz en el procesamiento malicioso (…) y abuso del proceso resultante de la redada del 8 de agosto de 2022 en su casa y la de su familia en Mar-a-Lago en Palm Beach”.

Argumenta que las decisiones tomadas por el Departamento de Justicia y el FBI en relación con el registro fueron “incompatibles con los protocolos que requieren el consentimiento de un objetivo de investigación, la divulgación a los abogados de esa persona y el uso de la Fiscalía Federal local”.

Y sostiene que estas decisiones tomadas por el fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, y el director del FBI, Christopher Wray, no se fundamentaron en “políticas sociales, económicas y políticas”, sino en un “claro incumplimiento de los principios constitucionales”.

Con información de EFE