Tras conocerse que oficinas gubernamentales otorgaron su aprobación para que la aerolínea iniciara operaciones en tiempo récord
El accidente aéreo que dejó 71 muertos en Colombia el 28 de noviembre, ha salpicado al gobierno de Evo Morales: hay sospechas de corrupción tras conocerse que oficinas gubernamentales otorgaron su aprobación para que la aerolínea iniciara operaciones en tiempo récord.
El proceso llevado a cabo por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) contempla una certificación de importación, una matrícula temporal y permiso para iniciar vuelos. Lo anterior suele demorar meses, según aclaró el fiscal que investiga el caso, Daniel Ayala, pero en el caso de LaMia tomó sólo 20 días y la aerolínea tuvo luz verde para operar en diciembre de 2014.
El caso ha puesto en apuros al presidente boliviano, quien aseguró que ignoraba que LaMia tenía autorización para volar. Sin embargo, días antes del accidente, Morales se tomó fotos con la tripulación durante la inauguración de una pista de aterrizaje en la Amazonía.
Hasta la semana pasada, el director de matrículas de la DGAC era Gustavo Vargas Villegas, hijo del gerente de LaMia. Ambos fueron detenidos y son investigados. El primero, por supuesto tráfico de influencias; el segundo, por presunto homicidio culposo.
La audiencia de Vargas Villegas concluyó al filo de la medianoche del viernes. Éste dijo que si bien era responsable de la dirección de matrículas, la autorización para LaMia se firmó en una oficina del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Un día antes, el propio vicepresidente de Bolivia, Álvaro García, admitió que en la aprobación de la licencia “hubo un negociado de funcionarios intermedios”.
Hasta ahora, el gobierno había atribuido la responsabilidad de los sucesos a funcionarios intermedios. El ministro de Defensa, Raymi Ferreira, dijo la víspera que el culpable de la tragedia fue el fallecido piloto Miguel Quiroga, socio de LaMia.
Por su parte, Milton Claros, del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, señaló como responsable a Celia Castedo, inspectora aérea que había observado el plan de vuelo de la aeronave partió de Santa Cruz y notó que volaría con el combustible exacto, sin nada de reserva.
Castedo huyó a Brasil, dónde ha pedido refugio y en una carta pública acusó a sus superiores de presionarla para cambiar su informe inicial.
Tras el siniestro, el gobierno suspendió a ejecutivos de la DGAC y de la Administración de Servicios Auxiliares de la Navegación Aérea.
Hasta el momento, ningún alto funcionario está bajo investigación.
Redacción
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