La ciudad presentó una demanda por la amenaza de retener fondos federales a las ciudades que se rehúsen a cooperar con las deportaciones
Seattle presentó el miércoles una demanda en contra del presidente Donald Trump por su decreto en el que amenaza con retener fondos federales a las comunidades que se rehúsen a cooperar con los esfuerzos para encontrar y deportar a inmigrantes que están ilegalmente en el país.
El alcalde Ed Murray dijo el miércoles que el decreto que se emitió en enero para sancionar a las llamadas ciudades santuario es inconstitucional y crea incertidumbre en lo referente al presupuesto de la ciudad.
Gobiernos de otras ciudades también han demandado al Trump respecto al tema. San Francisco interpuso una querella a principios del año, en la que también alega que la medida era inconstitucional. El condado de Santa Clara, California, y dos ciudades de Massachusetts con importantes poblaciones hispanas —Chelsea y Lawrence— también han tomado medidas legales.
El Departamento de Justicia dijo por medio de un comunicado que “el pueblo estadounidense quiere y merece un sistema migratorio legal que nos mantenga a salvo y sirva a los intereses del país” y que el gobierno federal ejercerá leyes relevantes.
El secretario de Justicia, Jeff Sessions, reiteró esta semana que la agencia negará subvenciones a las ciudades que violen las leyes federales sobre compartir información entre la policía local y las autoridades federales. Sessions dijo que esas ciudades hacen que las comunidades se vuelvan inseguras.
Murray disputó esas acusaciones.
“Aparentemente con el gobierno de Trump, su guerra contra los hechos ahora se ha convertido en una guerra contra las ciudades”, dijo Murray en conferencia de prensa. “Permítanme aclarar los hechos. No estamos quebrantando ninguna ley, y le estamos dando prioridad a la seguridad”.
Bajo el decreto, Seattle podría enfrentar recortes a programas de seguridad pública hasta por 10,5 millones de dólares, resaltó.
La orden de Trump viola la constitución al intentar obligar a las agencias locales del orden a ejercer las leyes federales de inmigración, declaró Murray.
El decreto también hace que las comunidades sean menos seguras al obligar a las personas a la clandestinidad, indicó Pete Holmes, abogado de la ciudad.
Cuando se marginaliza a las personas y se les inculca temor a la policía, es menos probable que den la cara como testigos de un delito, recalcó Murray.
La demanda interpuesta en la Corte Federal de Distrito solicita a un juez a que declare que Seattle se apega a las leyes y que el decreto presidencial es inconstitucional bajo la 10ma Enmienda y la Cláusula de Gastos de la Constitución.
“Este gobierno ha creado un ambiente de ansiedad en ciudades de todo el país y ha causado un caos en nuestra política”, dijo Murray. “Es momento para que las ciudades den la cara y soliciten a las cortes poner fin a la ansiedad en nuestras comunidades y al caos en nuestro sistema”.
Redacción
Minuto a minuto
