A pesar de que las autoridades de Hong Kong prohibieron una manifestación para este domingo, miles de personas tomaron las calles y realizaron actos violentos
Miles de personas regresaron este domingo a las calles de Hong Kong para participar en una marcha no autorizada contra el Gobierno local en la que los más radicales optaron de nuevo por bloquear carreteras, prender hogueras y lanzar cócteles molotov a comisarías.
La manifestación, que comenzó pacífica en el céntrico barrio de Tsim Sha Tsui, tuvo como tema la oposición a la reciente ley anti-máscaras y buscó también hacer un llamamiento en pos de la reforma del cuerpo de Policía en la excolonia británica, sobre el que pesan numerosas acusaciones de brutalidad policial.
Pero pasadas las 16:30 hora local, el caos volvió apoderarse de la ciudad financiera cuando los radicales comenzaron a bloquear carreteras, lanzar cócteles molotov a comisaría y vandalizar cajeros automáticos y estaciones del Metro.
También rociaron con grafiti comercios chinos con los lemas “El Partido Comunista Chino será destruido por el cielo” y “Liberad Hong Kong”, recoge el rotativo South China Morning Post.
Por su parte, la Policía lanzó varias rondas de gas lacrimógeno contra los más radicales y desplegó tanquetas de agua para abrirse paso.
El cuerpo policial había justificado su decisión de prohibir la marcha de este domingo alegando que este tipo de concentraciones tienden a degenerar en incidentes violentos.
Al comienzo de la protesta, Figo Chan Ho-wun, del Frente Civil de Derechos Humanos que la había convocado en primer lugar, agradeció a los hongkoneses por haber salido a las calles “a título personal”.
“No tengo miedo (de ser arrestado). Sólo me preocupa que la gente se rinda”, comentó en declaraciones recogidas por el diario hongkonés.
Mientras, el legislador Leung Kwok-hung criticó la decisión de la Policía de prohibir la marcha porque considera que constituye una violación del derecho a la reunión recogido en la Ley Básica (la constitución local).
“Las autoridades han obligado a los hongkoneses a violar la ley”, aseguró Leung.
En cada ocasión que la Policía ha denegado una autorización a las manifestaciones, la gente ha salido a la calle de manera espontánea, y muchas de estas protestas improvisadas han terminado con enfrentamientos entre agentes y radicales.
Las protestas, que se convirtieron en masivas en junio a raíz de una polémica propuesta de ley de extradición -ya desestimada por el Gobierno-, mutaron hasta convertirse en un movimiento que busca una mejora de los mecanismos democráticos que rigen Hong Kong y una oposición al autoritarismo de Pekín.
Según la Jefa del Ejecutivo local, Carrie Lam, la mencionada ley anti-máscaras busca facilitar a la Policía la identificación de los manifestantes para así acabar con la violencia en un momento en el que aquella provocada por los manifestantes radicales “ha alcanzado niveles alarmantes”.
Sin embargo, la ley no ha alcanzado el éxito deseado y a los autodenominados “pandemócratas” les preocupa que para aprobarla se invocase a regulaciones de emergencia, creadas en 1922, y usadas por última vez en 1967, cuando Hong Kong era parte del Reino Unido.
Por otra parte, Lam tuvo que suspender la semana pasada su discurso sobre el Estado de la región ante las constantes interrupciones de los opositores que la abuchearon en el Legislativo, y finalmente tuvo que pronunciarlo en privado y a través de un mensaje en vídeo.
Lam no anunció entonces reformas en materia política ni cedió a ninguna de las cuatro demandas que los manifestantes esperan lograr: una amnistía a los arrestados, una investigación independiente sobre brutalidad policial, la revocación del término “revuelta” para las protestas del 12 de junio y la introducción de sufragio universal en la elección del jefe del Ejecutivo.
El pasado 4 de septiembre, Lam anunció la única concesión hecha, por el momento, al movimiento prodemocrático: la retirada de la polémica propuesta de ley de extradición que habría permitido que Pekín accediera a “fugitivos” refugiados en territorio hongkonés para juzgarlos en suelo chino, bajo un sistema judicial sin garantías.
Con información de EFE
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