La denuncia contra cuatro congresistas de Perú es por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado
La fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, presentó en el Congreso una denuncia constitucional contra cuatro legisladores del partido Acción Popular por supuestamente apoyar al Gobierno del expresidente Pedro Castillo a cambio de favores políticos.
La denuncia, difundida en medios locales, es por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado contra los parlamentarios Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores y Darwin Espinoza, conocidos como “Los Niños”.
Estos cuatro congresistas afrontan también, en el Legislativo, una acusación constitucional que aún tiene que ser evaluada por el pleno, luego de que la Comisión Permanente aprobara, el pasado 5 de abril, el informe que plantea, por este mismo caso, la suspensión de los diputados.
Dicha denuncia fue presentada en septiembre de 2022 por la parlamentaria Patricia Chirinos, del partido derechista Avanza País, después de que la empresaria Karelim López afirmara ante el Ministerio Público que este grupo de legisladores obedecía los requerimientos del entonces presidente.
La empresaria aseguró que estos parlamentarios coordinaban actividades ilícitas dentro del Ejecutivo con Castillo (2021-2022) a cambio de respaldar con sus votos al Gobierno.
El exmandatario, quien cumple prisión preventiva desde el día de su fallido autogolpe de Estado, el 7 de diciembre pasado, también está siendo investigado por la fiscal Benavides por presuntamente liderar una supuesta organización criminal en su Gobierno.
Según la tesis fiscal, esta presunta red corrupta tenía como objetivo, supuestamente, posicionar a personas de confianza del entorno presidencial en puestos clave para después otorgar licitaciones fraudulentas de obras públicas.
En esta organización, siempre según la misma versión, estaba presuntamente implicado el círculo más íntimo del exmandatario, incluida su cuñada Yenifer Paredes y su esposa, Lilia Paredes, quien actualmente está asilada en México.
Estas investigaciones comenzaron cuando Castillo todavía ocupaba el sillón presidencial, a pesar de que la Constitución peruana solo recoge la posibilidad de procesar al mandatario en funciones por casos de traición a la patria o impedir elecciones.
El exjefe de Estado siempre negó las acusaciones y, en los últimos meses de su gestión, reiteró la existencia de un “complot” por parte de ciertos sectores de la oposición política, el Poder Judicial y la prensa para sacarlo del poder mediante una “nueva modalidad de golpe de Estado”.
Con información de EFE
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