El gobierno de Perú decretó el viernes el estado de emergencia por 60 días en departamento de Arequipa donde miles de agricultores protestan
El gobierno de Perú decretó el viernes el estado de emergencia por 60 días en el convulsionado departamento de Arequipa donde miles de agricultores protestan desde marzo contra un proyecto minero del Grupo México y cuatro personas murieron en violentos choques entre manifestantes y policía.
El primer ministro, Pedro Cateriano, anunció en conferencia de prensa durante la noche del viernes las restricciones a derechos fundamentales como la libertad de reunión, libre tránsito, libertad personal y a la inviolabilidad de domicilio. Militares del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea saldrán a las calles a resguardar el orden público junto a más de 2 mil policías destacados a la zona.
Durante la tarde un manifestante murió y otros cuatro civiles resultaron heridos en choques con la policía en la ciudad de Cocachacra.
El fallecido es la cuarta víctima en las protestas que campesinos iniciaron en marzo con el fin de oponerse a un plan de mil 400 millones de dólares para explotar cobre por 18 años en un valle que abastece de arroz al sur de Perú. El 9 de mayo murió un policía por fracturas en el cráneo que le ocasionaron los manifestantes, y días antes otros dos inconformes fallecieron baleados por la policía.
“Llegó un paciente a nuestro establecimiento sin signos vitales; es Ramón Colque Vilca, de 55 años”, dijo por teléfono a la agencia AP el doctor Walter Vera, director de la red médica de la ciudad de Mollendo. La fiscalía se encargará de determinar las causas del fallecimiento, agregó, y dijo que otros cuatro manifestantes resultaron heridos con cortes y contusiones.
Los heridos no quisieron proporcionar sus nombres por temor a que la policía los identifique y detenga, precisó Vera.
Hace dos semanas, el Grupo México, el más importante en la minería de ese país, suspendió 60 días el proyecto en Perú con el objetivo de convencer a los campesinos. Pero ese gesto no ha apaciguado los enfrentamientos.
El valle de Tambo, donde se encuentran Cocachacra y otros tres pueblos más, cuenta con más de 40 mil habitantes en 10 mil hectáreas cultivables y abastece de arroz y papa al sur del país. Los agricultores del lugar se oponen al proyecto porque consideran que la mina de cobre a tajo abierto contaminará las aguas del río Tambo con las que riegan sus cultivos.
Grupo México afirma que utilizará agua del Pacífico procesada en una planta desalinizadora, que una vez usada será devuelta al mar por una tubería que se adentrará en las aguas 850 metros, a 30 metros de profundidad. Los campesinos creen que, a pesar de ese método, de todas formas habrá contaminación.
La minería constituye el 62 por ciento del total de las exportaciones de Perú. El país, un importante exportador global de minerales, es el tercer productor mundial de cobre.
Redacción
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