María Oviedo fue suspendida por seis meses por darle una bofetada a un policía que supuestamente la tocó de manera indebida en Nicaragua
La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua suspendió este jueves por seis meses a la defensora de derechos humanos María Oviedo, por dar una bofetada a un policía que supuestamente la tocó de manera indebida, en medio de una crisis que mantiene enfrentadas a autoridades y civiles.
“Se suspende en el ejercicio de abogada a la licenciada María del Socorro Oviedo Delgado, por el periodo de seis meses a partir de la fecha de notificación de la presente resolución”, ordenó la Corte, en una cédula judicial firmada por su presidenta, Alba Luz Ramos, el vicepresidente Marvin Aguilar, y la magistrada Juana Méndez.
La suspensión, que no fue sorpresiva, es el más reciente capítulo de un caso que llegó a juicio a pesar de que se trató de una falta y no un delito, según los juristas locales.
Abogados y defensores de los derechos humanos han insistido en que el caso es parte de la “represión” del gobierno contra los defensores de los derechos humanos, supuestamente para que los crímenes estatales queden impunes.
Oviedo abofeteó al policía Óscar Danilo López el 26 de julio pasado, cuando este supuestamente violó los protocolos de arrestos cuando intentaba introducirla en una prisión, mientras ella defendía a un “excarcelado político”, lo que era su obligación como defensora, según la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Una jueza declaró culpable a Oviedo por “obstrucción de funciones y agresión a la autoridad” en agosto pasado, y a inicios de septiembre le impuso una pena de 30 días de arresto domiciliario, que inmediatamente suspendió.
“Lo único malo que hizo fue defender su integridad como persona y mujer”, reclamó públicamente el esposo de Oviedo, el también abogado Baltazar Arévalo.
Oviedo es una de decenas de abogados que defienden los derechos humanos de las víctimas de la crisis, entre ellas “presos políticos”, nicaragüenses que denunciaron ser torturados por policías o paramilitares, y familiares de personas que han desaparecido o fueron asesinadas después de participar en protestas contra el presidente Daniel Ortega.
Unas 328 personas han muerto desde el inicio de la crisis, en abril de 2018 según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organizaciones locales suman hasta 595, y el Gobierno acepta 200.
Con información de EFE
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