La condena por parte del Mercosur se produce mientras el país vive una severa crisis, agudizada desde abril con una ola de manifestaciones
El Mercosur anunció, a través de la cancillería de Brasil, que no reconocerá a la Asamblea Constituyente de Venezuela, y acusó al gobierno de Nicolás Maduro de agudizar los conflictos en ese país, recientemente expulsado del bloque.
“Los países fundadores del Mercosur condenan la decisión de la Asamblea Constituyente de usurpar las atribuciones de la Asamblea Nacional de Venezuela, que fue electa democráticamente por la mayoría de venezolanos, y es la única y exclusiva titular del Poder Legislativo”, señaló la cancillería en un comunicado.
“Los países fundadores del (Mercado Común del Sur) Mercosur no reconocen esa medida o cualquier otra adoptada por la Asamblea Constituyente, cuya convocación fue hecha contra el orden constitucional venezolano”, agregó la dependencia.
Formado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, el Mercosur aceptó en 2006 que Venezuela se sumara al bloque, pero a principios de agosto pasado los países fundadores aplicaron una “cláusula democrática” para suspender de forma indefinida a esa nación, ante la situación política que enfrenta.
A su vez, los países integrantes del Grupo Lima, entre ellos México, condenaron de manera enérgica la usurpación de competencias y facultades legislativas de la Asamblea Nacional en Venezuela por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, en medio de la crisis que atraviesa el país.
Mediante un comunicado, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú señalaron que esa acción ratifica la ruptura del orden democrático y constitucional en Venezuela.
Ante ello, en congruencia con la declaración adoptada en Lima, Perú, el 8 de agosto de 2017, reiteraron el no reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y de los actos que emanen de ésta.
Además ratificaron el pleno apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela, así como la decisión de intensificar consultas para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela.
La víspera, la Asamblea Nacional (Congreso), bajo control de una mayoría opositora, quedó prácticamente disuelta luego que la Asamblea Constituyente aprobó un decreto con el que asume sus labores legislativas.
La Asamblea Constituyente decidió arrogarse las funciones y competencias del Parlamento después de que su directiva no acudiera a la reunión a la que había sido convocada con sus pares de la ANC, órgano que los opositores tildan de ilegítimo y ven como un instrumento del gobierno de Nicolás Maduro para consolidar una dictadura.
El decreto señala que la Constituyente asumirá las competencias en materias legislativas para “garantizar la preservación de la paz, la soberanía y el sistema socio-económico y financiero del Estado y los derechos del pueblo”.
El autodenominado Grupo de Lima reafirmó su decisión de intensificar consultas para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, instrumento previsto para restablecer el orden democrático dentro de los países de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Diputados opositores venezolanos –que constituyen la mayoría en la Asamblea Nacional- consideran a la decisión de la Constituyente como un golpe de Estado por parte del gobierno del presidente Maduro.
La presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, negó sin embargo que haya quedado disuelta la Asamblea Nacional e invocó una “convivencia” entre las partes.
La condena por parte del Grupo de Lima y el Mercosur se produce mientras el país vive una severa crisis, agudizada desde el 1 de abril con una ola de manifestaciones que ha dejado más de 120 muertos.
Redacción
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