El pasado 10 de abril, la Guardia Civil de España inició una investigación tras recibir una denuncia, en la que los docentes de la escuela público Tomé y Orgaz de la localidad madrileña de Casarrubuelos, denunciaron la publicación y difusión de unos mensajes privados dentro de un grupo de la popular aplicación de mensajería instantánea … Continued
El pasado 10 de abril, la Guardia Civil de España inició una investigación tras recibir una denuncia, en la que los docentes de la escuela público Tomé y Orgaz de la localidad madrileña de Casarrubuelos, denunciaron la publicación y difusión de unos mensajes privados dentro de un grupo de la popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, que sería por una posible venganza de un profesor que se encontra en litigios con el personal del referido colegio.
Los agentes identificaron y detuvieron tanto al profesor que difundió los mensajes, como a otra profesora que se los facilitó y que estaba en el grupo de mensajería.
Los agentes de la Guardia Civil creen que los detenidos extrajeron las conversaciones, las modificaron e insertaron en unos panfletos que fueron posteriormente repartidos en las casa de la localidad de Casarrubuelos.
El alcalde del municipio, Juan José Huélamo, presentó una denuncia ante la Guardia Civil días después de que se distribuyeran los panfletos. En esta denuncia, Huélamo señalaba que esas hojas —cuya autoría aseguraba desconocer— incluían “conversaciones ofensivas” contra distintos vecinos del pueblo y contra él mismo, al que acusaban (en el chat de profesores) de tener videos de uno de los alumnos, que es supuestamente conflictivo.
Huélamo niega tener esas imágenes y asegura que el pueblo había vuelto en estas semanas “a la normalidad” después de que se celebraran distintas reuniones entre las familias y responsables de la Consejería de Educación y del Ayuntamiento.
A los maestros detenidos se les imputa el delito de revelación de secretos, debido a que este tipo de mensajería de un grupo privado es secreta, señalaron las autoridades, por lo que se enfrentan a penas de prisión de uno a cuatro años y una multa.
El pasado abril, la Consejería de Educación suspendió de forma cautelar de sus funciones a la directora del colegio y acordó abrir expedientes disciplinarios a seis de los once profesores que estaban en el grupo.
Con información de ABC.
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