Los abogados de la familia del migrante que llevaron el caso a la CIDH anunciaron la histórica decisión este jueves en una conferencia de prensa en San Diego
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al gobierno de Estados Unidos reabrir una investigación sobre la muerte del migrante mexicano Anastasio Hernández Rojas, fallecido a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza, lo que marca una determinación sin precedentes del organismo.
Los abogados de la familia del migrante que llevaron el caso a la CIDH anunciaron la histórica decisión este jueves en una conferencia de prensa en San Diego (California).
“Es la primera vez que la comisión determina la responsabilidad internacional de Estados Unidos por una ejecución extrajudicial”, señaló en conferencia la directora de la Clínica Legal de Derechos Humanos de la Universidad de California Berkeley, Roxanna Altholz, una de las abogadas que representa a la familia de Hernández Rojas.
La CIDH concluyó que los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de Estados Unidos “torturaron y mataron” a Hernández Rojas en mayo de 2010, subrayó la abogada.
“(Además) no investigaron de manera completa ni imparcial, y negaron justicia a su familia”, agregó.
Por su parte, la viuda de Hernández Rojas, María Puga, comentó que “hoy queda claro que Anastasio fue asesinado por esos agentes que no tuvieron piedad de él”.
El migrante mexicano pereció luego de que al menos una docena de agentes lo golpearon en reiteradas ocasiones y lo sometieron a múltiples descargas eléctricas.
El inmigrante estaba esposado y sometido, con agentes arrodillados sobre su cuello y espalda mientras suplicaba por ayuda, como quedó grabado en al menos dos vídeos captados por testigos.
La muerte de Hernández Rojas fue clasificada de homicidio por el médico forense de San Diego (California).
Este viernes, 2 de mayo, Hernández Rojas “cumpliría 57 años”, dijo su viuda en la conferencia. La resolución de la CIDH sobre su muerte “es su regalo hasta el cielo”, declaró María Puga al dar un beso a una fotografía de su esposo.
Por su parte, la directora ejecutiva de la organización civil Alianza San Diego, Andrea Guerrero, resaltó la importancia a nivel internacional del fallo de la comisión, ya que marca la primera vez que el organismo “emite un fallo de este tipo para Estados Unidos”.
“La comisión declara a Estados Unidos responsable del asesinato de Anastasio y del encubrimiento posterior”, dijo Guerrero, que ha representado a la familia en su lucha por lograr justicia.
Una investigación de CBP, la agencia más grande y con más agentes en el país, exoneró de toda responsabilidad a los doce agentes implicados en el ataque.
No obstante, el Departamento de Justicia de EE.UU. accedió a indemnizar a los hijos estadounidenses menores de edad de Hernández Rojas.
El director del Comité de Servicios de los Amigos Americanos, Pedro Ríos, resaltó todo el trabajo que realizaron familiares, abogados y organizaciones para conseguir el fallo de la comisión “y ya por lo menos se ha conseguido este reconocimiento”.
Sin embargo, la abogada Altholz dijo que en la comisión quedan pendientes muchos otros casos de muertes de personas a manos de agentes fronterizos estadounidenses.
“El caso de Anastasio (Hernández Rojas) es una hoja de ruta”, una bitácora para otras muertes en que se ha acusado a oficiales de uso excesivo de la fuerza en la frontera, explicó.
Hernández Rojas era un pequeño empresario de mantenimiento de piscinas en el condado de San Diego (California), donde había vivido poco más de 20 años y era padre de cinco ciudadanos estadounidenses. Cuando falleció, sus hijos menores, mellizos ahora de 22 años, tenían siete años de edad.
“A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le agradezco de todo corazón a nombre de mi familia y mío por haber creído en nosotros”, dijo la viuda del inmigrante mexicano.
Con información de EFE
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