Una orden de la ciudad de Los Ángeles permite a policías y trabajadores de LA Sanitation confiscar artículos “voluminosos” pertenecientes a indigentes
Siete indigentes que viven en las calles de Los Ángeles demandaron este jueves a la ciudad con el objetivo de impugnar la norma que permite a las autoridades incautar y destruir sus pertenencias, argumentando que la práctica profundiza sus carencias.
En la querella legal interpuesta por Janet García, Jane Zepeda, Miriam Zamora, Ali El-Bey, James Haugabrook, Pete Diocson Jr. y Marquis Ashley se alega que la práctica de arrojar a la basura las pertenencias de los indigentes está dificultando su lucha para conseguir un techo permanente.
Una orden de la ciudad de Los Ángeles permite a los oficiales de Policía y los trabajadores de la agencia LA Sanitation confiscar artículos catalogados como “voluminosos” de las personas que viven en la calle, y arrojarlos a la basura.
La normativa establece que los afectados no pueden detener las acciones y incluso permite el arresto del indigente en cuestión si trata de obstaculizar los operativos de limpieza.
La demanda nombra el caso de García, quien se vio afectada por una de las acciones de LA Sanitation en enero de este año, en el que recogieron la ropa y los artículos de limpieza que la mujer necesitaba para desempeñar su trabajo aseando casas.
Esta no fue la primera vez que la hispana se vio afectada por esta regulación.
“Yo trabajo limpiando casas y me han quitado mis artículos de limpieza varias veces. Cada vez que pierdo mis pertenencias, tengo que volver a empezar”, dijo García en un comunicado.
“¿Cómo se supone que debo volver a levantarme cuando me obligan a volver al punto de partida?”, se pregunta la mujer.
La abogada Catherine Sweetser, que representa a los indigentes, dijo en un comunicado que la ordenanza que está aplicando la ciudad es “inconstitucional”.
“Desechar las pertenencias de las personas con arbitrariedad y reglas confusas perjudica la salud y la capacidad para trabajar y encontrar vivienda de estas personas”, resaltó Sweetser.
La Fundación de Ayuda Legal de Los Ángeles (LAFLA), y los bufetes de abogados Schonbrun Seplow Harris & Hoffman LLP (SSHH) y Kirkland & Ellis LLP, que representan a los demandantes, advirtieron en un comunicado que en el pasado se trató de buscar una solución con la ciudad pero no encontró respuesta.
“Estas prácticas, y la ordenanza que las justifica, están dañando activamente a nuestros clientes y empeorando esta crisis. El hecho de que la ciudad no haya abordado estas preocupaciones no nos dejó otra opción más que presentar esta demanda”, dijo la abogada de LAFLA, Shayla Myers.
Un reciente informe reveló que a pesar de los esfuerzos de las autoridades locales, la ciudad de Los Ángeles registra un aumento respecto al año anterior del 16 por ciento de personas que viven en calles o automóviles, con un total de 36 mil 300 frente a las 31 mil 285 de 2018.
Con información de EFE
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