María Aguilar, fundadora de Familiares por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ), recibió el IX Premio de Derechos Humanos Rey de España
“El Gobierno mexicano desprecia a las familias de los desaparecidos“, denuncia en una entrevista con EFE María Guadalupe Aguilar, coordinadora y fundadora de la ONG mexicana Colectivo de Familiares por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ), galardonada con el IX Premio de Derechos Humanos Rey de España.
Junto a otras tres representantes de la organización – Blanca Arana (su hija), Maira Hernández y María Guadalupe Ayala-, Aguilar recogerá este miércoles en la Universidad de la localidad madrileña de Alcalá de Henares el galardón, que la institución académica concede junto al Defensor del Pueblo español, con una dotación económica de 25 mil euros.
La respuesta del Ejecutivo mexicano ante las reclamaciones de las familias de los desaparecidos es “negativa, de desprecio y de omisión”, según Aguilar, para quien el premio significa el compromiso “para seguir trabajando, para tratar de hacer las cosas cada vez mejor hasta llegar a nuestra única meta, que es encontrar a nuestros desaparecidos”.
El Gobierno mexicano, en este último sexenio ha despreciado a las familias de los desaparecidos. Los gobiernos anteriores nos atendieron, pero este (liderado por Manuel López Obrador) no nos recibe y, lo que es peor, simula que nos atiende”, reitera.
En México, según la Comisión Nacional de Búsqueda hay en la actualidad más de 113.000 desaparecidos, una cifra ante la que FUNDEJ reclama mayor inversión por parte del Ejecutivo para intentar paliarla y frenarla.
El largo camino de búsqueda
Aguilar es madre de José Luis Arana, desaparecido el 17 de enero de 2011 en Tonalá, en la ciudad de Jalisco, el lugar de México con mayor número de desaparecidos: más de 15.000 desde que hay registros.
“Inicié FUNDEJ en 2013, cuando apenas éramos 10 personas buscando a nuestros desaparecidos. Estábamos en la calle, andábamos de una institución a otra solicitando la búsqueda de nuestros hijos. Juntas podíamos hacer más fuerza. Por entonces, no existía la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, ni una Fiscalía especializada”, recuerda.
A través de la organización se denuncian las desapariciones, “después la Fiscalía crea una carpeta de investigación y, se supone, salen a buscar al desaparecido, lo que sucede muy pocas veces”: “Yo no culpo al personal que hay, porque son muchos los desaparecidos y muy pocos los buscadores”, apunta.
Luego, la Comisión de Búsqueda intentan ubicar a la persona por medios digitales, por si estuviera en algún hospital o centro penitenciario. Cuando eso no surte efecto, “las madres ya estamos desesperadas, no queremos saber nada de instituciones, solo a nuestros hijos aquí y ahora”, señala Aguilar.
México también sufre una crisis a nivel forense. Los cálculos indican que se han recuperado los restos de más de 50 mil personas, pero no los identifican.
“Esto sucede desde 2018, más o menos. Hay miles de cuerpos esperando a que se les hagan análisis de ADN, pero no hay genetistas ni antropólogos suficientes. Hay familias que incluso llegan a esperar cuatro años hasta que las autoridades les entregan el cuerpo de su ser querido”, explica la fundadora de FUNDEJ.
Asumir los roles del Estado
Según Aguilar, las mujeres de la organización han tenido que asumir roles distintos y convertirse en especialistas en leyes, peritaje y genética, “porque no hay gente suficiente capacitada que nos apoye”.
Dentro del colectivo, lo primordial es abrazarnos y sentir que no estamos solas. Cuando una persona nueva se nos acerca, eso es lo primero que le decimos: que estamos con ella”, expresa emocionada.
Y destaca que las consecuencias de la desaparición de un familiar van más allá del golpe psicológico.
“Cuando nos avisaron de la desaparición de mi hijo, mi familia y yo nos echamos a la calle. Estábamos ahí todo el día y, al final, se nos acabó el dinero. Hasta vendí mi casa. Incluso pagamos a investigadores privados, pero nos engañaron, nos extorsionaron”, recuerda.
El crimen organizado está detrás de estas desapariciones, pero los familiares nunca consiguen saber nada en concreto: “En 2012, la Policía agarró a un grupo de secuestradores que trabajaban en la colonia en la que vivía mi hijo, pero ninguno de ellos admitió ser el causante de su desaparición”.
Y en estos años, “han asesinado a 12 madres en todo México como represalia por buscar a sus desaparecidos. Llegan a sus casas y las matan porque el FUNDEJ ya tiene cierta incidencia social y política”, subraya Aguilar, quien vuelve a denunciar la falta de apoyos del Gobierno.
Con información de EFE
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