La práctica del aborto quedó aprobada en las primeras horas del miércoles, después de una larga discusión en el Senado argentino
La secretaria legal y técnica del Gobierno argentino, Vilma Ibarra, dijo este miércoles que comenzó la etapa de preparación de la regulación de la ley del aborto y vaticinó que estará disponible de manera “rápida” para que las personas gestantes que lo deseen puedan acogerse a la ley.
Pocas horas después de que se aprobara la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Senado argentino, Ibarra aseguró además que las causas penales abiertas contra mujeres que abortaron se cerrarán desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial, que debe producirse en un máximo de 10 días hábiles.
El aborto quedó aprobado en las primeras horas de este miércoles después de una larga discusión en el Senado y del visto bueno de la Cámara de Diputados a inicios de diciembre.
La votación del Senado, que se preveía reñida, quedó al final en 38 votos positivos, 29 negativos y 1 abstención por lo que el aborto quedó legalizado en el segundo intento en el que el proyecto llegó al Parlamento, después del que fracasó en 2018.
Satisfacción en el gobierno
Ibarra mostró la “satisfacción” del Gobierno de Alberto Fernández por la aprobación de esa ley de otra paralela que prevé acompañar a la futura madre en caso de que no quiera abortar, la llamada “ley de los mil días”.
De ambas leyes, impulsadas por el Ejecutivo, la secretaria legal y técnica habló que serán “acompañamiento” para las mujeres y, en el caso de la ley del aborto, “sacar de la clandestinidad” a las mujeres que deseen interrumpir su embarazo, que en el caso de la nueva norma argentina se podrá hacer hasta la semana 14 de gestación.
“Tenemos un número alarmante de abortos clandestinos, las mujeres ponen en riesgo su vida”, dijo Ibarra, quien recalcó esa es una “cuestión de profunda injusticia social” y que ahora van a poder “ser atendidas con dignidad”.
Ibarra consideró que la legalización del aborto en Argentina tiene “sin dudas una proyección en la región” y afirmó que, a partir de ahora, quieren “transmitir experiencias” si así se lo solicitan otros países latinoamericanos, en la inmensa mayoría de los cuales la interrupción voluntaria del embarazo no es legal.
No permitirán “negocio” desde el extranjero para abortar en Argentina
Respecto a posibles personas gestantes extranjeras que puedan viajar a Argentina para someterse a un aborto legal, la miembro del Gobierno argentino aseveró que no van a permitir “un negocio de quienes quieran utilizar el sistema de salud en Argentina”.
A ese respecto, dijo que cualquier argentina o residente en Argentina podrá acceder al aborto, pero indicó que “volver a sus destinos” después de practicarse la interrupción del embarazo es algo que van a “ir evaluando”.
Varios políticos contrarios a la legalización del aborto en el país dijeron en las últimas horas que interpondrán demandas a la Justicia sobre la constitucionalidad de la nueva ley del aborto, que además causa mayor oposición en zonas del norte del país, por lo general más conservadoras.
Lucharán porque la ley se implemente en todo el país
Ibarra sostuvo que la ley del aborto argentina es “una norma robusta jurídicamente” y se comprometió a que el Gobierno trabajará “activamente” para defenderla ante posibles judicializaciones.
“Claro que se puede (judicializar). Nosotros vamos a defender y esperamos que una vez que haya fallo claro en este sentido todo se va a ir decantando (…). Esto es un trabajo que no va a terminar en un día”, subrayó.
Dijo además que deben “garantizar la accesibilidad del derecho”, puesto que en el proyecto de ley se introdujo finalmente la objeción de conciencia.
“No puede prevalecer el derecho de objeción de conciencia sobre la práctica queremos garantizar la práctica. En este tema tenemos desafíos de implementación”, aclaró Ibarra, que reconoció que es posible que haya “piedras en el camino”.
En cualquier caso, adelantó que habrá sanciones para quienes demoren en forma injustificada un aborto y señaló que tiene que haber al menos una persona que pueda efectuar el aborto para que el sistema pueda funcionar en cualquier punto del país.
Con información de EFE
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