El allanamiento intenta recabar evidencias sobre el rol de Aníbal Torres en el fallido autogolpe del expresidente peruano Pedro Castillo
El Ministerio Público de Perú allanó este jueves el domicilio del exprimer ministro Aníbal Torres, como parte de la investigación por el fallido autogolpe que intentó perpetrar en diciembre pasado el expresidente Pedro Castillo, confirmaron a EFE fuentes de la Fiscalía.
El allanamiento se realizó con la orden judicial correspondiente para recabar evidencias sobre el rol de Torres en el mensaje a la nación que pronunció Castillo el 7 de diciembre, cuando dictó la disolución del Congreso, la instauración de un Ejecutivo de emergencia que iba a gobernar por decreto y la reorganización del sistema de Justicia, lo que fue calificado como un intento de golpe de Estado.
Por este caso, el Ministerio Público abrió una investigación preparatoria contra el exprimer ministro por la presunta comisión del delito de rebelión y conspiración.
A través de su cuenta oficial de Twitter, el organismo detalló que, durante el allanamiento, a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria de Corrupción de Funcionarios, se incautaron bienes y documentos de Torres, con el apoyo de la Policía Nacional.
Al jurista, quien presidió entre febrero y noviembre de 2022 el Consejo de Ministros del Gobierno de Castillo, se le imputa haber acordado junto al exmandatario y a la también exprimera ministra Betssy Chávez el autogolpe que anticipó la destitución del entonces mandatario por parte del Congreso y la llegada al sillón presidencial, por sucesión constitucional, de su entonces vicepresidenta, Dina Boluarte.
La Fiscalía pidió en diciembre prisión preventiva contra Torres y Castillo, pero el juez Juan Carlos Checkley impuso dicha medida para el expresidente, mientras que para el exjefe de gabinete ordenó comparecencia con restricciones debido a su edad y problemas de salud.
La decisión luego fue ratificada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, por lo que Torres, de 80 años, está siendo investigado en libertad.
Castillo, en cambio, permanece recluido en un penal de Lima, donde cumple 18 meses de prisión preventiva por este caso y otros 36 por otros presuntos casos de corrupción.
Por el fallido autogolpe, el Congreso peruano aprobó este miércoles acusar constitucionalmente a Chávez, y a los exministros de Interior y Turismo de Castillo, Willy Huerta y Roberto Sánchez, respectivamente, por la presunta comisión, como coautores, del delito de rebelión y, alternativamente, de conspiración.
Esta acusación constitucional fue presentada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tras una denuncia de la Fiscalía de la Nación (general) y votada, por separado en cada caso, tras un debate de cinco horas en el pleno.
Al ser Chávez y Sánchez también diputados, el Congreso votó y aprobó suspender a la primera en el ejercicio de sus funciones legislativas en tanto dure el proceso penal en su contra, pero rechazó adoptar esa misma medida contra el segundo.
Con información de EFE
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