Minuto a Minuto

Internacional Canadá dice que está preparada para los aranceles de Trump y los califica de “error”
El ministro de Finanzas de Canadá afirmó que los aranceles aumentarían el costo de vida, afectarían el empleo y la cadena de suministros en EE. UU.
Internacional Trump y sus órdenes ejecutivas
En cuanto a la economía, Trump habló de un resurgimiento de empleos y el inicio de una nueva “edad de oro” para Estados Unidos
Internacional La nueva Administración de Trump recibe una primera demanda por haber eliminado el CBP One
CBP One fue creado por el Gobierno de Biden como una estrategia para frenar los cruces irregulares en la frontera sur de EE.UU.
Internacional Trump firma orden ejecutiva para negar la ciudadanía a hijos de migrantes indocumentados
Eliminar la ciudadanía por nacimiento dificultaría el acceso a derechos básicos y el trabajo legal en el país
Internacional Trump declara una “emergencia nacional” en la frontera de EE.UU. con México
Trump emitió una orden ejecutiva que declara emergencia nacional y que autoriza el uso de las fuerzas militares en la frontera con México.
Familia de mexicano muerto por agentes fronterizos pide audiencia a la CIDH
Foto de @AllianceSnDiego

Los abogados de la familia del mexicano Anastasio Hernández Rojas, que murió a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia para presentar pruebas en el caso contra el Gobierno de Estados Unidos por la muerte del migrante.

La organización Alliance San Diego y la Facultad de Derecho de la Universidad California en Berkeley, que representan a la familia de Hernández, informaron  que solicitaron una audiencia a la CIDH en el caso contra el Gobierno por violar los derechos humanos de Anastasio.

Hernández Rojas fue detenido en la frontera de California con México por agentes de la Patrulla Fronteriza el 28 de mayo de 2010 cuando intentaba reingresar a Estados Unidos tras ser deportado.

Una vez trasladado a una zona donde se realizaban las deportaciones se produjo un altercado durante el cual el mexicano fue rodeado por varios agentes que lo golpearon, asfixiaron y aplicaron descargas eléctricas en múltiples ocasiones mientras estaba tendido en el suelo. La golpiza fue grabada por varios testigos.

El mexicano, que había vivido en California por más de 25 años antes de ser deportado, falleció el 31 de mayo de 2010. Su muerte fue clasificada como un homicidio.

Los abogados de la familia de Hernández, padre de cinco, han acusado a los agentes fronterizos de ocultar, destruir y manipular pruebas para obstruir la investigación.

Los fiscales federales de EE. UU. han sido criticados por la familia y activistas por cerrar la investigación sin presentar cargos penales contra los agentes involucrados y no hacerlos responsables por abuso de poder.

El 30 de marzo de 2016, la familia presentó ante la CIDH una petición para que se evaluara el caso.

Cuatro años después, el 29 de julio de 2020, la CIDH admitió formalmente la petición de la familia y encontró posibles violaciones de derechos humanos en virtud de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que Estados Unidos está legalmente obligado a cumplir.

Los abogados de la familia han presentado pruebas adicionales, incluidas 45 páginas de testimonios de funcionarios gubernamentales de alto nivel con conocimiento directo del encubrimiento que se realizó en el caso.

Roxanna Altholz, codirectora de la Clínica de Derecho Internacional Humanitario de la UC-Berkeley, dijo en un comunicado que una audiencia en la CIDH es una oportunidad para que la Comisión “examine cómo han operado las estructuras de violencia e impunidad en la frontera sur por parte del Gobierno de Estados Unidos”.

Añadió que el caso de Hernández ejemplifica la necesidad de que EE.UU reforme las leyes y políticas sobre el uso de la fuerza, entre otras medidas para proteger los derechos humanos.

Por su parte, Andrea Guerrero, directora de Alliance San Diego y abogada de la familia en la demanda ante la CIDH, consideró que la audiencia pública puede dar un “escrutinio imparcial e independiente de la mala conducta” de los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Al respecto, María Puga, esposa de Hernández, pidió a la CIDH que “nos conceda una audiencia para que podamos ser escuchados y podamos confrontar directamente al Gobierno de Estados Unidos”.

Con información de EFE