Como parte del caso ‘corruptela’, la FGR de El Salvador acusó al expresidente Mauricio Funes por corrupción, delitos contra la fe pública y lavado de dinero
La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador presentó este lunes un dictamen de acusación contra el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) y otras 29 personas ligadas a una red de sobornos y concluyó así la etapa de instrucción de la causa.
El documento fue presentado ante el juzgado cuarto de Instrucción de San Salvador por el caso denominado “corruptela“, que incluye al exfiscal general Luis Martínez (2012-2015), por “delitos de corrupción, delitos contra la fe pública y el delito de lavado de dinero”.
De acuerdo con el Ministerio Público, Martínez encabezó una red de sobornos al interior de la Fiscalía a la que Funes supuestamente entregó “dádivas” para evitar investigaciones en su contra, por lo que es procesado por el cargo de cohecho.
“Se logró determinar que en el interior de la Fiscalía había una red dirigida por el entonces fiscal general, Luis Martínez, y otros miembros de la institución que recibían dádivas de funcionarios o exfuncionarios y de empresarios que tenían intereses en expedientes que se estaban investigando”, dijo a periodistas una representante de la FGR.
Detalló que Martínez y sus cómplices al interior de la Fiscalía supuestamente recibieron 1.7 millones de dólares en vehículos y dinero en efectivo, monto que también incluye fondos apropiados de la institución.
En octubre de 2018, la Fiscalía señaló que Funes entregó bienes y dinero a Martínez para evitar la investigación por las supuestas irregularidades cometidas durante una tregua entre las pandillas apoyada por el Gobierno, y por la construcción irregular de una represa.
Funes atribuyó al armisticio entre las pandillas una sensible baja en las cifras de homicidios, pero tras su fin, el país experimentó alzas sostenidas de muertes violentas hasta marcar las 103 por cada 100 mil habitantes en 2015.
Este proceso contra Funes se suma a otros en los que está implicado por la supuesta malversación de más de 351 millones de dólares; por una millonaria malversación de los fondos asignados a infraestructura y por la revelación de documento secreto del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Con información de EFE
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