El estado de la democracia: ¿estancamiento, regresión o resiliencia?

Por el doctor Daniel Zovatto, politólogo, jurista y director regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe.

La democracia atraviesa un momento crítico. De acuerdo al Índice Democrático (2017), elaborado por la Economist Intelligence Unit (EIU), únicamente 19 países son democracias plenas, la mayoría de ellas de Europa occidental. Y del total de 167 países analizados por el Índice, más del cincuenta por ciento, 89 para ser precisos, mostraron signos de deterioro en 2017.

Por otra parte, el surgimiento de líderes autoritarios, así como el creciente auge del populismo y de fuerzas políticas de extrema derecha en varias regiones, ha dado lugar a un intenso debate sobre el estado de la salud de la democracia. Para algunos analistas el mundo vive un proceso de desaceleración y estancamiento democrático. Otros, más pesimistas, hablan incluso de regresión democrática. Un tercer grupo, con una lectura más optimista, señala en cambio que pese a los importantes retos que acechan a la democracia -los cuales no deben ser subestimados-, esta cuenta empero con un importante nivel de apoyo ciudadano y de resiliencia, fortalezas que tampoco deben ser ignoradas (Informe de IDEA Internacional sobre “El estado de la democracia en el Mundo. Examen de la resiliencia democrática” (2017).

Este 15 de setiembre se celebra el Día Internacional de la Democracia, cuyo tema central fue “La democracia bajo presión: soluciones para un mundo cambiante”. Para António Guterres, secretario general de la ONU, la democracia se ve sometida a más presión que en ningún otro momento desde hace décadas. Frente a ello, propone buscar formas para vigorizarla y dar respuestas a los principales desafíos que la misma enfrenta, en especial corregir la desigualdad, fortalecer la inclusión y lograr que sus instituciones sean más innovadoras y receptivas a los nuevas demandas.

Todo lo anterior, unido al hecho de que este año América Latina conmemora el cuadragésimo aniversario del inicio de la tercera ola democrática, hace propicia la coyuntura para evaluar el estado de la democracia en Latinoamérica.

A nivel regional, 2018 se proyecta como un año mediocre en lo económico, complejo en lo social, y caracterizado por una intensa maratón electoral (seis elecciones presidenciales: Costa Rica, Paraguay, Colombia, Venezuela, México y Brasil) cuyos resultados están reconfigurando el mapa político latinoamericano. A ello debemos sumar la existencia de una ola creciente de demandas y expectativas insatisfechas aunado a escándalos de corrupción, cuya letal combinación erosiona la credibilidad de la democracia y sus instituciones.

En efecto, el cuadro regional es preocupante. Según el citado Índice Democrático, la calidad de la democracia en América Latina –similar a la tendencia mundial- ha sufrido un nuevo deterioro. Solo un país latinoamericano, Uruguay, es considerado como una “democracia madura”. La mayoría (10 en total) pertenecen al grupo de “democracias con fallas”.  Otros cinco países son considerados como regímenes híbridos: Guatemala, Honduras, Nicaragua, Bolivia y Paraguay. Y dos son calificados como autoritarios: Venezuela y Cuba.

El deterioro de la calidad de la democracia viene acompañado de otra mala noticia: la caída tanto del nivel de apoyo como del índice de satisfacción con la democracia. Según el Latinobarómetro 2017, ambas variables experimentaron una evolución negativa: el apoyo disminuyó por cuarto año consecutivo situándose en el 53 por ciento; la satisfacción cayó fuertemente ubicándose en el 30 por ciento promedio regional.

La explicación de ambos fenómenos radica, en buena medida, en la falta de correspondencia que existe entre, por un lado, las expectativas y demandas de una ciudadanía que mejoró su nivel de consumo, que está más empoderada y es más exigente de sus derechos, que está más conectada vía las redes sociales y, por el otro, el sentimiento de frustración y temor a perder lo alcanzado o a no poder seguir consumiendo y progresando al mismo ritmo. Este creciente malestar ciudadano está provocando indignación con la política y las élites, un aumento de la polarización y del voto anti-establishment, mayor conflictividad social y una gobernabilidad más compleja.

Hacia una democracia resiliente y de nueva generación

Tanto en el plano global como en el ámbito latinoamericano, asistimos a un “cambio de época” que viene acompañado de oportunidades, pero también de nuevos desafíos y amenazas para la democracia.

Pese a los importantes avances logrados durante las últimas cuatro décadas, los cuales debemos reconocer y valorar, las democracias latinoamericanas exhiben importantes déficits y síntomas de fragilidad, así como serios desafios entre los que destacan la debilidad institucional, el deseo de permanenecer en el poder de manera indefinida, elevada desigualdad, junto con altos niveles de corrupción, inseguridad e impunidad.

A la combinación tóxica de los factores arriba señalados, se unen los cambios disruptivos producidos por la IV Revolución Industrial, las nuevas formas de hacer política nacidas del cambio tecnológico, y la importancia creciente de las redes sociales y las fake news.

Esta nueva y compleja realidad demanda una agenda renovada de reformas dirigida a mejorar los niveles de representación, garantizar la gobernabilidad y fortalecer la resiliencia de la democracia, entendiendo por ello la capacidad de los sistemas sociales para afrontar crisis y desafios complejos así como sobrevivir a ellos, innovar y recuperarse.

La prioridad pasa por garantizar una ciudadanía efectiva, aumentar la participación ciudadana, recuperar la legitimidad y credibilidad de las instituciones y asegurar la plena vigencia del estado de Derecho para sentar las bases de una democracia de nueva generación, de mejor calidad y mayor resiliencia.

Para ello es necesario impulsar un conjunto de reformas políticas cuyo objetivo sea contar con: (i) partidos modernos y democrático con financiamiento transparente, y parlamentos legítimos, con capacidad para representar y encauzar las demandas sociales, complementados con mecanismos de participación ciudadana; (ii) instituciones y mecanismos de control que impidan el ejercicio abusivo del poder y aseguren niveles apropiados de transparencia y rendición de cuentas; y (iii) un poder judicial independiente y con recursos adecuados para asegurar la plena vigencia del estado de derecho y la seguridad jurídica.

Esta es la agenda que el liderazgo político latinoamericano necesita debatir con urgencia, inteligencia e innovación, dirigida a recuperar la complicidad y confianza de una ciudadanía que se identifica con la democracia, pero que descree de sus instituciones y está crecientemente indignada con la política y sus élites.