Varios estados de EE.UU. presentaron proyectos para prohibir o dificultar la asistencia de estudiantes indocumentados a escuelas públicas
La lucha del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la migración indocumentada alcanza a los menores de edad, a quienes algunos estados ya buscan prohibir su asistencia a escuelas públicas.
El presidente Trump autorizó redadas migrantes en lugares sensibles anteriormente excluidos por la DEA como escuelas o iglesias.
Si bien Denver presentó una demanda para evitar redadas en su distrito escolar, otros estados iniciaron acciones para todo lo contrario.
En Tennessee, legisladores republicanos se manifestaron a favor de que los distritos escolares locales no matriculen a niños sin estatus legal en el país.
Las comunidades de Tennessee no deberían tener que sufrir ni pagar cuando el gobierno federal no asegura nuestras fronteras”, dijo el representante William Lamberth.
El gobernador Bill Lee dijo que no ha revisado la propuesta de ley, pero firmó otra para que estudiantes, a excepción de aquellos que no puedan demostrar su estatus legal, accedan a ayuda económica para estudiar en escuelas privadas.
Por su parte, en Indiana se presentó un proyecto para que los distritos escolares puedan negar la inscripción a estudiantes indocumentados, y de ser necesario, el fiscal general tendría la responsabilidad de defender a los colegios ante demandas.
Asimismo, exige que las escuelas informen el número de sus alumnos sin papeles, su tasa de asistencia, si estudian inglés y cuántos profesores dan clases de manera bilingüe.
Un proyecto de ley presentado en Texas busca que los distritos escolares contabilicen, a partir del próximo curso, a los estudiantes indocumentados.
El objetivo es que el estado pida al Gobierno federal el reembolso del costo anual de matricular a dichos alumnos.
En Oklahoma el superintendente estatal republicano Ryan Walters se pronuncia porque los estudiantes presenten pruebas de ciudadanía o de estatus migratorio al momento de inscribirse.
Y aunque no se prohibiría la matrícula en caso de ser indocumentado, sí se obligaría a las escuelas a realizar censos.
La medida ya fue aprobada por la Junta de Educación estatal, pero el gobernador Kevin Sitt sostiene que la detendrá al señalar que a quienes se debe perseguir es a quienes cometen delitos.
Con información de Univision
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