¿Estados Unidos camino a una crisis constitucional? La confrontación entre Trump y el poder judicial

Por Daniel Zovatto

La administración del presidente Donald Trump se encuentra en una encrucijada que podría desembocar en una crisis constitucional sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Las recientes acciones del mandatario, que desafían abiertamente las decisiones judiciales, ponen en entredicho los principios fundamentales de la separación de poderes y el Estado de derecho que han sustentado la democracia estadounidense desde su fundación.

Desde su regreso al poder, Trump ha mostrado una tendencia a concentrar la autoridad ejecutiva, interviniendo directamente en agencias reguladoras independientes y utilizando su influencia política para moldear el Congreso a su favor. Esta estrategia ha incluido la destitución de funcionarios que podrían oponerse a sus políticas, debilitando así los mecanismos internos de control y equilibrio.

Un ejemplo reciente y alarmante de este patrón es la confrontación con el poder judicial respecto a las deportaciones de presuntos miembros de una organización criminal venezolana llamada Tren de Aragua, considerada por el gobierno norteamericano como una organización terrorista. Invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, Trump ordenó la deportación de estos individuos a una prisión en El Salvador, calificándolos de terroristas y difundiendo públicamente su traslado.

El juez federal James Boasberg emitió una orden para detener estos vuelos mientras se evaluaba la legalidad de la medida. Sin embargo, la administración continuó con las deportaciones, argumentando que los aviones ya estaban fuera de la jurisdicción estadounidense al momento del fallo. Además, Trump calificó al juez Boasberg como un “lunático radical de izquierda” y sugirió su destitución, lo que provocó una inusual reprimenda del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien defendió la independencia judicial y recordó que el desacuerdo con una decisión no justifica un juicio político.

Este enfrentamiento resalta una peligrosa tendencia hacia la erosión de los controles y equilibrios que garantizan la democracia en Estados Unidos. La negativa del Ejecutivo a acatar fallos judiciales sienta un precedente preocupante, debilitando la autoridad de los tribunales y amenazando la estructura constitucional del país. El exjuez federal conservador J. Michael Luttig ha advertido que estas acciones equivalen a una “declaración de guerra contra el Estado de derecho” y podrían precipitar una crisis constitucional.

La separación de poderes es un pilar esencial de la democracia estadounidense. Cada rama del gobierno —ejecutiva, legislativa y judicial— tiene funciones y límites claramente definidos para evitar la concentración excesiva de poder. Cuando una de estas ramas ignora o socava la autoridad de las otras, se pone en riesgo el equilibrio que garantiza la libertad y los derechos de los ciudadanos.

Es imperativo que el Congreso y otras instituciones democráticas actúen con firmeza para reafirmar los principios constitucionales y asegurar que ninguna autoridad esté por encima de la ley. La inacción o la complacencia ante estos desafíos podrían conducir a una erosión progresiva de las libertades civiles y sentar las bases para un gobierno autocrático.

En conclusión, las recientes acciones de la administración Trump representan una amenaza tangible al orden constitucional de Estados Unidos. La defensa de la democracia requiere una vigilancia constante y una respuesta decidida de todas las instituciones y de la ciudadanía para preservar los valores fundamentales sobre los cuales se erige la nación.

Para cerrar un dato muy preocupante: en una reciente encuesta discutida en el programa de Ezra Klein con David Shor, el 78% de los encuestados consideró que “lograr cambios que mejoren la vida de los estadounidenses” es más importante que “preservar nuestras instituciones”.