Jordi Sánchez y Jordi Cuixart fueron detenidos debido a las manifestaciones organizadas durante el referéndum independentista
La confrontación de España con la región de Cataluña se intensificó el lunes cuando una jueza ordenó que los dirigentes de dos grupos independentistas fueran encarcelados mientras se les investiga por posibles cargos de sedición debido a las manifestaciones que organizaron antes del controvertido referendo separatista.
El encarcelamiento de Jordi Sánchez, presidente de la asociación Asamblea Nacional Catalana, y de Jordi Cuixart, presidente de la organización Ómnium Cultural, suscitó de inmediato indignación en Barcelona, la capital de Cataluña. Las personas inconformes hicieron sonar ollas y cacerolas, tocaron las bocinas de sus vehículos y aplaudieron en las calles.
La jueza Carmen Lamela emitió su orden casi 12 horas después de que venciera el lunes el plazo para que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, aclarara si había declarado la independencia de la región, cosa que no hizo.
Puigdemont tiene ahora hasta el jueves para dar marcha atrás a cualquier medida que Cataluña haya adoptado tendente a la secesión. Si se niega a hacerlo, el gobierno español ha dicho que usará sus facultades constitucionales para restringir o revocar la autonomía de Cataluña.
La jueza ordenó que Sánchez y Cuixart estén encarcelados mientras se investiga su papel en la organización de las movilizaciones del 20 y 21 de septiembre en Barcelona. La policía española arrestó a varios funcionarios catalanes y allanó oficinas esos días para impedir que se realizara el referendo independentista del 1 de octubre.
En su fallo judicial del lunes, la jueza de la Audiencia Nacional dijo que Sánchez y Cuixart encabezaron las manifestaciones, desatendieron las recomendaciones de la policía de que preservaran la seguridad y contribuyeron a formar un cordón que obstaculizó las labores policiales, entre otras acciones.
Si se les encausa, enjuicia y condena por sedición, podrían ser sentenciados a hasta 15 años de prisión.
Las acciones del jefe de la policía de Cataluña, el mayor Josep Lluís Trapero, y la intendente de la policía regional, Teresa Laplana, también son investigadas. Sin embargo, la jueza determinó el lunes que Trapero y Laplana permanezcan en libertad con restricciones, entre estas la revocación de sus pasaportes y la orden de que se presenten cada dos semanas ante la corte.
Horas antes, Puigdemont y el presidente del gobierno español Mariano Rajoy intercambiaron cartas sin lograr avances para la solución del conflicto.
El gobierno de Cataluña celebró el referendo pese a la insistencia del gobierno central español de que era ilegal y a que un tribunal los suspendió mientras se consideraba su constitucionalidad.
Quienes votaron lo hicieron abrumadoramente a favor de la secesión, pero poco menos de la mitad de los electores registrados acudieron a las urnas.
Con base en los resultados del referendo, Puigdemont hizo la semana pasada una ambigua declaración de independencia, pero señaló que no la haría efectiva de inmediato para dar paso al diálogo y la mediación.
En su respuesta al requerimiento del gobierno español de que manifestara explícitamente el lunes en la mañana si había declarado la independencia o no, Puigdemont optó por enviar una carta de cuatro páginas en la que propone un plazo de dos meses para las negociaciones y la mediación.
“La prioridad de mi gobierno es buscar con toda la intensidad la vía del diálogo”, dijo el gobernante catalán en su carta. “Nuestra propuesta de diálogo es sincera y honesta”.
Menos de dos horas después, Rajoy lamentó que Puigdemont declinara responder la pregunta y señaló que tiene hasta el jueves en la mañana para cumplir con la ley.
Redacción
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