Costa Rica 2026: cuando la inseguridad pone a prueba a la democracia

Por Daniel Zovatto

Durante décadas, Costa Rica fue presentada como una excepción virtuosa en América Latina: sin fuerzas armadas, con instituciones sólidas, una violencia contenida, su firme compromiso con la paz y los derechos humanos, todo ello complementado con elecciones ejemplares y una democracia de calidad. Hoy, ese relato está bajo presión.

Las elecciones presidenciales de este domingo 1 de febrero, se celebran en un clima inédito, marcado por una crisis del sistema de partidos tradicionales (PLN, PUSC y PAC) y, sobre todo, de una severa crisis de seguridad vinculada al narcotráfico que ya no es coyuntural, sino estructural, y que amenaza con redefinir tanto el sistema político como el equilibrio democrático del país.

Los números explican el giro del debate público. Costa Rica registra cerca de 900 homicidios por año, el nivel más alto de su historia, y acumula más de 3 mil muertes violentas en el actual cuatrienio. Desde 2023, la tasa nacional de homicidios ronda los 17 por cada 100 mil habitantes, el doble que hace una década. En la provincia caribeña de Limón, epicentro del tráfico marítimo de drogas, las cifras se acercan a las de Ecuador, uno de los países más violentos de la región, e incluyen el asesinato de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.

El ritmo actual —2.5 homicidios diarios— ha venido acompañado por un récord de triples homicidios y por la mayor cantidad histórica de menores de edad asesinados en 2025.

No sorprende, entonces, que la inseguridad sea hoy el principal problema para los costarricenses. Según encuestas de la Universidad de Costa Rica, el 45% de la población la identifica como su mayor preocupación.

Tampoco sorprende que domine la campaña electoral y reconfigure las alianzas, los discursos y las propuestas.

El trasfondo es conocido por las autoridades internacionales. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos clasifica a Costa Rica como un punto clave de transbordo global de cocaína, utilizado por organizaciones criminales para mover cargamentos desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa. El país figura entre las 23 naciones con mayor tránsito o producción de drogas ilícitas, una paradoja para un Estado sin ejército pero con una extensa costa en el Pacífico y el Caribe.

La transformación ha sido silenciosa pero profunda. Costa Rica dejó de ser solo una ruta de paso para convertirse en un centro logístico del narcotráfico, con servicios de almacenamiento, reempaque, abastecimiento marítimo y redistribución.

Las organizaciones locales se fortalecieron al recibir droga como forma de pago, lo que alimentó un mercado interno de consumo y elevó la violencia asociada a la disputa territorial.

El riesgo ya no se limita a la seguridad ciudadana. Casos como el del exmagistrado y exministro de Seguridad Celso Gamboa, detenido y a la espera de extradición a Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, han reforzado las sospechas de infiltración criminal en instituciones del Estado.

Aunque autoridades y el propio presidente Rodrigo Chaves rechazan el término “narcoestado”, admiten que se han cruzado líneas delicadas.

A esto se suma un fenómeno más opaco: la entrada de dinero de origen ilícito en la economía formal.

Las autoridades no pueden cuantificar cuánto ha penetrado ni hasta qué punto explica el exceso de divisas y la fuerte revaluación del colón, que ha afectado a sectores como el turismo. El problema no es solo económico: es político.
El financiamiento electoral se ha convertido en otro frente de vulnerabilidad.

El Tribunal Supremo de Elecciones reconoce que, pese al endurecimiento de controles, persisten zonas grises que podrían ser explotadas por el crimen organizado. Costa Rica —junto con Honduras— carece de financiamiento indirecto estatal para campañas. El aporte público llega después, contra comprobantes, mientras que los bancos se han alejado del financiamiento partidario. La combinación es peligrosa: urgencia de dinero en campaña y urgencia de legitimación del dinero ilícito.

En este contexto, el oficialismo ha optado por una narrativa de “mano dura”, inspirada en el modelo de Nayib Bukele. El presidente Chaves ha endurecido el discurso contra el Poder Judicial, impulsado reformas legales de corte punitivo y promovido la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad, presentada como símbolo de autoridad estatal. La candidata oficialista Laura Fernández incluso ha planteado la posibilidad de estados de excepción en zonas críticas, una propuesta que requeriría una mayoría legislativa que hoy no está garantizada.

Los opositores alertan sobre los riesgos. Señalan el debilitamiento de los controles institucionales, la erosión de la credibilidad judicial y la reducción de la inversión social preventiva. La discusión de fondo no es solo cómo contener la violencia, sino a qué costo institucional. Costa Rica enfrenta el dilema clásico de las democracias bajo presión: responder con eficacia sin sacrificar los contrapesos que la definen.

Los propios expertos advierten que la represión, por sí sola, no basta. La prevención social —especialmente entre jóvenes de barrios vulnerables— es indispensable, pero costosa y de resultados menos inmediatos.

El desafío es mayor aún por el cambio cultural que acompaña al avance del narcotráfico: tolerancia social, admiración por líderes criminales, miedo a denunciar y normalización de la violencia. La amenaza, en palabras de algunos analistas locales, ya es existencial.

La elección de 2026 no decidirá solo quién gobierna Costa Rica entre 2026 y 2030. Decidirá cómo se gobierna frente a la mayor crisis de seguridad de su historia reciente.

Si la respuesta se inclina exclusivamente hacia la concentración de poder y la lógica de excepción, el país podría contener el crimen a corto plazo, pero erosionar aquello que lo hizo distinto. Si, por el contrario, subestima la gravedad del momento, corre el riesgo de que el dique termine de romperse.
Costa Rica aún no ha perdido su condición democrática. Pero, como han advertido los expresidentes Laura Chinchilla (2010-2014) y Lis Guillermo Solís (2014-2018) en una reciente entrevista, el país se encuentra ante un punto de inflexión.

Estas elecciones no solo definirán un gobierno, sino la capacidad del sistema democrático para resistir una amenaza que ya no es abstracta. La inseguridad, alimentada por el narcotráfico, está sometiendo a la democracia costarricense a una prueba inédita: tensando el Estado de derecho, presionando los contrapesos institucionales y poniendo en riesgo la plena vigencia de los derechos humanos.

El dilema es claro y urgente. Costa Rica todavía puede contener la violencia sin sacrificar su arquitectura democrática. Pero el margen de error se ha estrechado peligrosamente.